Vox cesó al presidente provincial en Murcia por presuntas gestiones en favor de su esposa sobre terrenos inundables; el partido alude a injerencias municipales y falta de cohesión en su mandato
La dirección nacional de Vox decidió prescindir la semana pasada del liderazgo provincial de José Ángel Antelo en la Región de Murcia tras recibir informaciones que apuntan a gestiones encaminadas a la urbanización y legalización de terrenos inundables. Según las fuentes internas citadas por EFE, una llamada procedente de Cartagena puso en alerta a la cúpula nacional sobre un posible interés particular relacionado con una parcela propiedad de la empresa AISU Home S.L.
, donde supuestamente figura como socia la mujer de Antelo.
El relevo de Antelo no fue una decisión aislada, explican las mismas voces: su figura ya era objeto de múltiples quejas llegadas desde municipios donde Vox gobierna en coalición, lo que, según la dirección, refleja problemas de cohesión y de interpretación de la presidencia territorial.
Mientras tanto, Antelo mantiene su condición de portavoz en la Asamblea Regional hasta que la Mesa decida su situación.
Acusaciones internas y ejemplos concretos
Las fuentes del partido enumeran varios episodios que, a su juicio, fundamentan la destitución. Entre ellos figura la presunta intervención directa en asuntos municipales, percibida como una vulneración de los estatutos: reuniones con la directiva del Real Murcia al margen del grupo municipal para tratar obras en la ciudad deportiva; y la promoción de la construcción de un centro de formación de la patronal del metal FREMM en Cartagena, con una subvención pública de seis millones de euros, que los críticos describen como un «chiringuito» impulsado por un amigo cercano.
Críticas sobre estilo y funcionamiento
En paralelo a las acusaciones de irregularidad, desde la dirección nacional censuran la forma de actuar de Antelo: le reprochan dividir al grupo, inmiscuirse cuando algún concejal no aceptaba sus pretensiones y representar al partido con una imagen de ostentación, citando desplazamientos con chófer, escolta y un séquito. Estos reproches se suman a la narrativa interna de que su mandato generó «reinos de taifas» y una gestión que erosionó la unidad de Vox en municipios clave como Murcia, Cartagena y Lorca.
El episodio de Cartagena y la empresa implicada
El foco de la alerta fue un suelo de carácter inundable cuya legalización y urbanización habría sido objeto de gestiones vinculadas a la empresa AISU Home S.L., domiciliada en Los Alcázares. Las versiones internas sostienen que en esa sociedad aparecen como socias, al cincuenta por ciento, la mujer de Antelo y la portavoz municipal Susana Peláez, información que dio pie a la investigación interna tras la comunicación recibida desde Cartagena.
Negaciones y respuesta legal
Antelo rechazó de plano las imputaciones y exigió a la dirección nacional que rectifique o que pruebe sus afirmaciones ante la justicia, anunciando incluso acciones legales por supuesta usurpación de identidad y falsedad documental por el trámite de su cese en la Asamblea Regional. Por su parte, Susana Peláez negó ser socia al 50% de la mujer de Antelo en AISU Home y aseguró que la sociedad la comparte con su marido, que las viviendas están a nombre de sus hijos y que ni Antelo ni su esposa tienen relación con la gestión señalada.
Consecuencias orgánicas y próximos pasos
La dirección nacional de Vox convocará una reunión a partir del 20 de marzo para designar una gestora que se haga cargo de la organización territorial en la Región de Murcia hasta la elección de un nuevo presidente. En el entorno del partido sostienen que, además de las posibles gestiones vinculadas a Cartagena, la salida de Antelo responde a una combinación de ineficacia y falta de armonía interna que, dicen, amenazaba el mantenimiento de sus coaliciones locales.
Impacto político
Más allá de la dimensión interna, el cese plantea preguntas sobre la estabilidad de los gobiernos municipales donde Vox comparte responsabilidad con el Partido Popular. Los cargos locales, subrayan las fuentes, dependen jerárquicamente de la dirección nacional, lo que limita el margen de maniobra de los líderes territoriales y justifica, según la dirección, la intervención para restablecer la coordinación orgánica.
Balance final
El caso de Antelo resume tensiones entre representación pública y presuntas actuaciones de interés privado, y abre un proceso orgánico que determinará cómo Vox reordena su presencia en Murcia. Mientras tanto, la disputa entre las versiones oficiales y las negaciones personales mantiene abiertas posibilidades judiciales y políticas que se seguirán con atención en la región.
