El Ejecutivo lanza un paquete urgente de 80 medidas y 5.000 millones para mitigar los efectos de la guerra; el presidente admitió estar "muy enfadado" por el coste y defendió el escudo social
El 20/03/2026 el presidente Pedro Sánchez presentó un paquete de emergencia compuesto por 80 medidas y un volumen de 5.000 millones de euros para amortiguar los efectos económicos de la guerra en Irán sobre España. En su comparecencia explicó que, aunque estas acciones no evitarán por completo el impacto exterior, lograrán que sus consecuencias sean «menos erosivas y más llevaderas».
El presidente reconoció estar «muy enfadado» con la situación internacional y lamentó que ese dinero «podría destinarse a becas, sanidad o dependencia».
El anuncio incluye dos decretos ley que recogen medidas fiscales, sociales y de control de mercados. El Ejecutivo defiende que el paquete beneficiará a tres millones de empresas y a veinte millones de hogares y que las medidas entrarán en vigor una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El plan, según el Gobierno, se mantendrá vigente mientras sea necesario y podrá ampliarse si la evolución internacional lo exige.
Qué contiene el paquete: recortes fiscales y ayudas directas
En el primer bloque se incluyen rebajas tributarias diseñadas para aliviar precios de la energía y los carburantes: una reducción generalizada del IVA aplicado a la electricidad, el gas y los combustibles hasta el 10%, la disminución del impuesto especial sobre la electricidad y la suspensión temporal del impuesto a la producción eléctrica. Además, se aplicará un descuento de hasta 20 ó 30 céntimos por litro en función del carburante para determinados sectores, y se reducirá al 10% el IVA del gas natural, pellets y leña. El Ejecutivo también incorpora deducciones en el IRPF para obras de eficiencia energética y la compra de vehículos eléctricos, así como incentivos para puntos de recarga.
Medidas sociales y protección de consumidores
El plan refuerza el escudo social con la prórroga del bono social eléctrico hasta diciembre de 2026 y el aumento sustantivo del bono social térmico. Asimismo, se prohíbe el corte de suministros (electricidad, gas y agua) a consumidores vulnerables y se impide que empresas receptoras de ayudas públicas despidan por causas económicas. Estas medidas buscan proteger hogares con menor capacidad de pago y reducir la exposición de la ciudadanía al alza de precios derivada del conflicto.
Apoyo al transporte, agricultura e industria
Para sectores productivos, el Gobierno ha previsto una ayuda directa de 20 céntimos por litro para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como bonificaciones para fertilizantes. A la vez, se bonificarán al 80% los peajes eléctricos para las industrias más afectadas por el choque energético, con el objetivo de ahorrar costes y proteger empleos. Estas acciones se complementan con líneas orientadas a acelerar la transición energética y fomentar el autoconsumo y las cooperativas energéticas.
Control de márgenes empresariales y vigilancia
Otra pieza clave del paquete es el refuerzo del control sobre los márgenes empresariales en sectores energéticos y de hidrocarburos. El Gobierno plantea modificar la normativa del sector para clarificar competencias sancionadoras y permitir una supervisión más estrecha de los beneficios, mediante informes periódicos y mayor intercambio de información con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El objetivo declarado es evitar abusos por parte de empresas que reciban ayudas o se aprovechen de la crisis.
Herramientas legales y sancionadoras
A nivel jurídico se contempla la habilitación del Consejo de Ministros para establecer límites a beneficios y la modificación de artículos concretos de la normativa sobre hidrocarburos. Estas medidas buscan dotar de herramientas de control para sancionar prácticas especulativas y aumentar la transparencia en la formación de precios, defendiendo así el interés general frente a posibles desviaciones por motivos de lucro.
Proceso de aprobación y tensiones internas
El Consejo de Ministros extraordinario convocado para aprobar el paquete comenzó con dos horas de retraso debido a discrepancias entre los socios de la coalición sobre vivienda. La formación Sumar exigía la inclusión de la congelación de alquileres en el decreto anticrisis, algo inicialmente rechazado por el PSOE. Tras negociaciones en las que participó personalmente Sánchez con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se acordó separar el paquete en dos decretos ley: uno con rebajas fiscales y controles, y otro con la moratoria de precios de alquiler que se negociará con los grupos parlamentarios.
El Ejecutivo admite que carece de mayoría segura para convalidar el decreto de vivienda y que, aunque se espera negociarlo, es probable que partidos como Junts lo tumben en la votación. El decreto principal pasará al Congreso y, según fuentes oficiales, la votación está prevista para el 26 de marzo. El Gobierno confía en obtener apoyos suficientes para el núcleo duro del plan y recalca su intención de mantener medidas que cuenten con el respaldo de sus socios de investidura.
Balance y mensaje final del Ejecutivo
En su intervención final, Sánchez reivindicó que España aspira a tener «el mayor escudo social y económico de la UE» frente a una guerra que calificó de ilegal y reclamó el cese inmediato de las hostilidades. El líder recordó que las partidas aprobadas podrían haberse destinado a otras políticas públicas y apeló a la responsabilidad colectiva: partidos, instituciones y agentes sociales deben pedir el respeto del derecho internacional y limitar el impacto económico sobre la ciudadanía.
