El juez Calama vincula a José Luis Rodríguez Zapatero con una trama investigada por la Audiencia Nacional en el contexto del rescate a Plus Ultra
La Audiencia Nacional ha citado como imputado a José Luis Rodríguez Zapatero para el día 2 de junio, según el auto firmado por el magistrado José Luis Calama. En el documento se le atribuyen presuntos delitos de blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
La investigación, bautizada por la policía como Operación Tíbet, suma a Zapatero a la lista de personas vinculadas a la pesquisa abierta sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra.
El auto recoge comunicaciones y actuaciones que, según el juez, sitúan al expresidente como el vértice de una red con alcance internacional orientada a obtener beneficios mediante la intermediación ante organismos públicos.
En paralelo a la imputación, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ejecutó registros en despachos profesionales y empresas relacionadas con los investigados, entre ellas la agencia de publicidad vinculada a las hijas del expresidente.
Origen de la investigación y pruebas externas
Una de las piezas que el magistrado incorpora es la información remitida por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), que entregó a la Justicia datos obtenidos del volcado del móvil del expropietario de Plus Ultra, el venezolano Rodolfo Reyes Rojas. Ese material fue trasladado a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional y contiene conversaciones que mencionan al expresidente.
Dispositivos y repositorios
El juez otorgó autorización a la UDEF para acceder, volcar y analizar la información intervenida en dispositivos y en repositorios telemáticos vinculados a los investigados. En el auto se recogen órdenes para examinar discos extraíbles, cuentas de correo y servicios de almacenamiento digital con el objetivo de localizar documentación sobre movimientos de fondos y comunicaciones internas de la trama.
Actores implicados y registros
Además de Zapatero, la causa investiga a directivos y consejeros de Plus Ultra, como Julio Martínez Martínez y Julio Martínez Sola, al abogado Santiago Fernández Lena, al consejero delegado Roberto Roselli y al banquero peruano Luis Felipe Baca. La operación incluyó al menos cuatro registros simultáneos en Madrid, entre ellos el despacho del expresidente en la calle Ferraz, la agencia de publicidad What The Fav S.L. —propiedad de las hijas de Zapatero, Alba y Laura— y una gestoría llamada Softgestor.
Hallazgos y actuaciones durante los registros
Agentes del GOIT y de la UDEF trabajaron en los registros; en uno de los locales retiraron cajas rotuladas con el nombre de la operación. El auto subraya la posible destrucción selectiva de correos: según las pesquisas, Julio Martínez Martínez habría eliminado sistemáticamente mensajes dirigidos a Zapatero, algo que el juez considera indicio de conducta orientada a ocultar vínculos.
Conversaciones y rutas de influencia
En las conversaciones recogidas por la investigación, directivos de la aerolínea barajaron vías de influencia para lograr el rescate económico en plena crisis sanitaria. Uno de los socios con participación relevante en la compañía planteó la posibilidad de recurrir a contactos como Zapatero, y los interlocutores anunciaron su intención de presionar por el apoyo. En los diálogos internos algunos miembros se refirieron al expresidente como «nuestro pana» y anticiparon intervenciones a su favor.
El juez también describe una operativa típica de la supuesta red: creación de documentación ficticia (contratos y facturas), uso de sociedades pantalla, administradores testaferros y la canalización de fondos fuera de las actividades declaradas, con operaciones internacionales de alto valor económico —mencionando sectores como el petróleo, el oro y la compraventa de divisas o acciones— en las que, siempre según la resolución, habría existido la intervención directa del expresidente.
Reacciones políticas y próximas diligencias
En el plano político, la imputación ha causado impacto en el PSOE y ha generado pedidos de explicaciones de la oposición. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, expresó su confianza tanto en la actuación judicial como en el expresidente, mientras que el PP reclamó medidas políticas y llegó a pedir la convocatoria de elecciones por motivos éticos.
Como pasos siguientes, la causa continuará con la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional el 2 de junio, el análisis forense de los dispositivos incautados y la inspección de los repositorios telemáticos autorizados por el juez. La investigación mantiene abiertas líneas sobre la posible existencia de dos vías paralelas para influir en la concesión del rescate: una vinculada al exministro José Luis Ábalos y otra, según el auto, a la mediación de personajes externos con conexiones políticas y empresariales.
