El instructor considera indicios de una red organizada de influencia que habría facilitado el rescate de Plus Ultra mediante contactos, pagos y documentación dirigida a la SEPI
La causa abierta por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ha puesto en el punto de mira a José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta participación en una trama que buscó el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
El auto describe indicios que el magistrado considera suficientes para seguir indagando sobre una estructura que, según la instrucción, operó con fines económicos y utilizó redes de contacto con personas en puestos relevantes. Entre los elementos que llaman la atención figuran comunicaciones intervenidas, movimientos de fondos y reuniones con responsables de la administración.
Desde el inicio, la investigación analiza si la influencia alcanzó a órganos decisores como la SEPI y el propio Consejo de Ministros. El instructor apunta a la existencia de una organización estable y jerarquizada dedicada al tráfico de influencias, entendida como la intermediación sistemática ante autoridades para obtener resoluciones favorables. En el expediente aparecen sociedades interpuestas, documentación supuestamente simulada y flujos financieros que, según el juez, habrían servido para enmascarar el origen y destino de fondos.
Los hechos y las acusaciones principales
En el auto se atribuyen a Zapatero delitos relacionados con tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental, por el presunto papel de liderazgo en la estructura que favoreció a Plus Ultra. La ayuda pública concedida alcanzó los 53 millones de euros, una cifra central en la causa. Los fiscales y las partes personadas citaron como pruebas conversaciones telefónicas, transferencias entre sociedades vinculadas y documentos de asesoría que, según el juez, habrían sido elaborados para justificar el desembolso pese a señales de inviabilidad económica de la compañía.
Comunicaciones, reuniones y personas implicadas
Mensajes intervenidos y referencias a la influencia
Las escuchas incluidas en el sumario recogen referencias directas a la intervención de figuras con capacidad de acceso a las altas instancias. En ellas aparecen expresiones que aluden al peso decisorio del entorno del expresidente, y los investigadores subrayan que tales referencias muestran la percepción de que existía un núcleo decisor. Entre los apuntes telefónicos y agendas figura la mención a gestiones previas al rescate, contactos con asesores y la organización de encuentros que, según el auto, facilitaron el acceso a información sensible antes de las decisiones formales.
Citas con ministros y llamadas a testigos
La instrucción destaca reuniones que podrían relacionarse con la concesión de aplazamientos o reconsideraciones de deudas previas al rescate. En concreto, se menciona un encuentro el 7 de septiembre de 2026 con el entonces titular de la Seguridad Social y la aprobación posterior, el 5 de octubre de 2026, de una reconsideración sobre una deuda que superaba los 450.000 euros. Además, aparecen apuntes que señalan una comida con el exministro de Transportes; por ello, acusaciones populares han solicitado la citación como testigos de personas como José Luis Escrivá y Pedro Saura para contrastar esas anotaciones.
Aspectos económicos y contables del rescate
Los peritos consultados por la investigación detectaron que, con anterioridad al rescate, Plus Ultra presentaba problemas contables y de liquidez que, en opinión del instructor, desaconsejaban la concesión del préstamo. Los informes, según el auto, fueron adaptados para justificar la operación y ocultar saldos negativos: la compañía habría recurrido a maniobras contables para que sus fondos propios no aparecieran en negativo y así el expediente no recomendara la disolución. Tras recibir las ayudas, se identificaron transferencias significativas a sociedades ajenas a la actividad ordinaria de la aerolínea.
Pagos, beneficiarios y el mapa de fondos
El documento de imputación relaciona pagos que terminaron en empresas vinculadas al entorno del expresidente y otras sociedades interpuestas. La instrucción detalla remesas procedentes de entidades asociadas a Plus Ultra y describe cómo parte de esos fondos acabaron en manos de proveedores y consultoras próximas al círculo investigado. En el auto aparecen cantidades concretas que, sumadas, alcanzan cerca de 1.948.857 euros dirigidos a personas y empresas ligadas al entramado, según la exposición probatoria recogida por el juez.
Qué pretende aclarar la investigación
El propósito de la instrucción es determinar hasta qué nivel político se extendió la influencia atribuida y si existió una coordinación deliberada para vulnerar los cauces administrativos. Los pasos siguientes incluyen la citación de testigos, comprobaciones documentales y la verificación de movimientos societarios y bancarios. El fiscal y las acusaciones populares buscan esclarecer si la tramitación del rescate se realizó por vías ordinarias o mediante presiones y gestiones externas que condicionaron decisivamente la decisión de la SEPI y del Consejo de Ministros.
