Cuba ha dado un paso significativo al autorizar la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores, marcando un hito en su reforma económica.
En un movimiento estratégico para revitalizar su economía, Cuba ha aprobado la creación de empresas privadas con más de 100 trabajadores mediante el Decreto Ley 133 publicado por el Consejo de Estado. Esta medida, parte de un paquete de 176 transformaciones económicas y sociales, busca ampliar el sector privado más allá de las micro, pequeñas y medianas empresas establecidas en 2021.
La nueva normativa, que entrará en vigor siete días después de su publicación, permite la constitución de sociedades como S.R.L. (Sociedad de Responsabilidad Limitada) o S.U.R.L. (Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada). Estas empresas tendrán la autonomía para abrir establecimientos en otras provincias, fijar precios dentro de los límites gubernamentales y decidir los salarios de sus trabajadores.
Autonomía y flexibilidad para las nuevas empresas
Las nuevas empresas privadas en Cuba tendrán la capacidad de importar y exportar directamente, siempre con la autorización del Ministerio de Comercio Exterior. Además, podrán asociarse con capital extranjero y realizar operaciones financieras a través de cuentas bancarias. Las ventas deberán realizarse en pesos cubanos.
Para obtener la autorización, los socios deberán depositar el capital inicial en una cuenta transitoria y acreditar su procedencia lícita. Los propietarios pueden ser ciudadanos cubanos, residentes en la isla o en el exterior, así como extranjeros residentes en el país. Sin embargo, la norma excluye a funcionarios y dirigentes del Estado y del Gobierno, así como a personas con deudas o condenadas por delitos incompatibles con la actividad empresarial.
Las empresas también deberán mantener una responsabilidad social con la comunidad, lo que implica contribuir al bienestar local a través de diversas iniciativas.
Cambios en cooperativas, autónomos y educación privada
Las cooperativas también podrán ampliarse territorialmente e importar o exportar con autorización estatal. En cuanto al trabajo por cuenta propia, la colaboración familiar será puntual, y los titulares podrán pasar hasta tres meses al año en el extranjero sin perder su licencia. Si contratan trabajadores, los salarios deberán pagarse por vía bancaria.
En el ámbito educativo, la Resolución 30/2026 permite la creación de casas privadas de cuidado infantil, con cuidadoras obligadas a superar un curso de capacitación. También se autorizan las clases privadas de idiomas, con un nivel mínimo B1 acreditado por los profesores, y las clases particulares. Los docentes de la educación pública podrán dar repaso fuera del horario laboral, pero no podrán expedir títulos ni utilizar instalaciones o libros oficiales.
Además, los docentes deberán ofrecer clases gratuitas a niños vulnerables de su comunidad, fomentando así la inclusión y el acceso a la educación para todos.
Nuevas normas en los alquileres y comercio exterior
En el sector inmobiliario, los propietarios podrán alquilar inmuebles a las nuevas empresas privadas y a cooperativas. Los arrendamientos deberán conservar durante cinco años un registro de las personas que pernocten en la vivienda. En el caso de cubanos residentes en el exterior o ciudadanos extranjeros, los datos se deberán comunicar al Ministerio del Interior.
Estas reformas se enmarcan en un paquete más amplio que también prevé cambios en la agricultura, el comercio exterior, el sector inmobiliario y la autonomía de las empresas estatales, en un contexto de crisis económica en la isla.
El Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX) también ha actualizado las reglas que rigen las operaciones de importación y exportación en Cuba. La nueva Resolución 126/2026 del MINCEX permite que las micro, pequeñas y medianas empresas, así como las empresas privadas con más de 100 trabajadores, puedan importar y exportar directamente, aunque no de manera automática.
Esta medida representa un cambio significativo respecto al modelo anterior, donde estas operaciones debían realizarse a través de empresas estatales intermediarias. Con las nuevas reglas, los actores económicos que reciban autorización podrán negociar de manera directa con proveedores o compradores extranjeros, lo que abre la posibilidad de reducir parte de esa intermediación estatal.
El Estado conserva una herramienta decisiva: es el MINCEX quien autoriza qué empresas pueden ejercer directamente esas facultades. Entre las transformaciones anunciadas por las autoridades también figura la aplicación del principio de nomenclatura negativa.
Bajo este esquema, en lugar de establecer para cada entidad una lista específica de productos autorizados, se prevé una relación de mercancías que no podrán comercializarse sin autorización expresa; el resto podrá negociarse siempre que se cumplan las demás regulaciones vigentes.
