El Departamento de Interior ha decidido establecer un proceso de investigación para evaluar el acuerdo firmado entre el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y Desokupa, con el fin de determinar si este infringe valores democráticos. También consultará a los abogados del estado si este convenio afectaría las ayudas públicas otorgadas al sindicato policial.
El SUP y Desokupa han pactado que esta firma, especializada en desalojos extrajudiciales, proporcionará capacitación en autodefensa a 30,000 oficiales de policía, como se anunció el fin de semana pasado.
Tan pronto se supo del acuerdo, el departamento manifestó que consideraría su potencial impugnación.
Este miércoles, ha avanzado un paso más, revelando que la Dirección General de Policia ha iniciado un expediente para examinar el acuerdo, tras revisar los informes solicitados el pasado domingo a la Abogacía General del Estado y a la Secretaría General Técnica del Departamento de Interior.
El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska indicó que, a través de este proceso administrativo, la Dirección General de la Policía «obtendrá toda la información sobre la aptitud de los oficiales en activo que llevarían a cabo la capacitación extracurricular ofrecida por el sindicato policial a los miembros de la fuerza».
Mientras se resuelve el proceso investigativo iniciado, Interior anticipa que ha solicitado un informe a los abogados del estado para determinar si el acuerdo entre SUP y Desokupa «implicaría un impacto en las ayudas públicas otorgadas al sindicato policial y, si fuese el caso, cuál sería el proceso administrativo a seguir para rectificar cualquier irregularidad que pudiera surgir».
Adicionalmente, Interior busca definir si el acuerdo «viola valores democráticos» y se compromete a asegurarse que toda la formación evaluable recibida por los oficiales se cumpla dentro del marco determinado por la Dirección General de la Policía.
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