Descubre cómo Marruecos ha manejado la crisis migratoria en Ceuta y las implicaciones para las relaciones con España.
La crisis migratoria en Ceuta del pasado 30 de julio ha puesto a prueba las relaciones entre España y Marruecos. Mientras España ha mantenido una postura firme, Marruecos ha optado por un enfoque más reservado, generando tensiones diplomáticas.
El cruce irregular de 80.000 personas en la frontera de Ceuta ha sido un evento sin precedentes.
España ha atribuido este fenómeno a la acción de mafias y ha destacado la cooperación con Marruecos. Sin embargo, la respuesta de Rabat ha sido más cautelosa y estratégica.
La respuesta de Marruecos: silencio y mensajes selectivos
En los primeros momentos de la crisis, Marruecos optó por el silencio como respuesta.
Fue solo el 2 de agosto cuando el Ministerio del Interior marroquí emitió un comunicado, asegurando que Rabat seguiría siendo un socio fiable y responsable. Sin embargo, este comunicado no fue acompañado por una comparecencia del ministro, lo que generó especulaciones sobre la postura real de Marruecos.
El 3 de agosto una fuente del Ministerio de Exteriores marroquí informó a agencias de prensa internacionales que la gestión migratoria es una responsabilidad compartida entre Madrid y Rabat. Este mensaje llegó horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen advirtiera sobre el uso de la migración irregular como medio de presión.
El 5 de agosto se conoció que la Justicia marroquí había procesado a 86 personas por su presunta implicación en los cruces de migrantes a Ceuta. Esta información no provino del Gobierno ni de la Justicia de Rabat, sino de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH).
La postura de España: cooperación y retorno de migrantes
España ha mantenido una postura de cooperación con Marruecos, abogando por el retorno de todos aquellos inmigrantes que la ley permita. El presidente del Gobierno y cinco ministros han comparecido en las últimas dos semanas desde la ciudad autónoma para trasladar su planteamiento, mientras otros cinco lo han hecho en intervenciones desde la Península.
El 6 de agosto el Ejecutivo ceutí advirtió que en la ciudad autónoma aún permanecían miles de personas. España se vio inmersa en una polémica cuando el Ministerio de Infancia planteó la idea de trasladar a los menores migrantes no acompañados a la Península para aliviar la carga asistencial en Ceuta. Fue entonces cuando Marruecos se pronunció sobre este tema, asegurando que estaba dispuesto a recibir a sus menores si España levantaba los obstáculos judiciales y administrativos que impiden hacerlo.
El 10 de agosto el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi fue el primer alto cargo del país vecino en pronunciarse abiertamente tras la entrada masiva irregular a Ceuta. Ouahbi solicitó a España el regreso de los menores de su país que permanecen en la ciudad.
Tensiones diplomáticas y soberanía
El 11 de agosto el Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos (CNDH) acusó a los agentes de seguridad españoles de haber infligido malos tratos a los migrantes que entraron en Ceuta irregularmente. Esta acusación llegó apenas horas después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares ensalzara desde la ciudad autónoma el diálogo diplomático con el país vecino.
El 12 de agosto el ministro de Justicia marroquí, Ouahbi, declaró que la soberanía de Ceuta y Melilla es un asunto pendiente. Estas palabras fueron respondidas con calma por el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska quien restó alcance a las declaraciones de Ouahbi.
Mientras tanto, en el Gobierno español la consigna sigue siendo evitar el choque, aunque la ministra de Defensa, Margarita Robles se ha desmarcado sin referirse explícitamente a Rabat.
