El presidente Pedro Sánchez enfrentó críticas por no convocar el Consejo de Seguridad Nacional durante la crisis en Ceuta, mientras la ciudad lucha por recuperar la normalidad.
La crisis migratoria en Ceuta ha puesto bajo la lupa la gestión del Gobierno español. A seis días del estallido de la crisis, las decisiones tomadas, o más bien no tomadas, han generado un intenso debate político y social.
El presidente Pedro Sánchez optó por no convocar el Consejo de Seguridad Nacional a pesar de las sugerencias de algunos ministros.
Esta decisión contrasta con las declaraciones iniciales del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska quien calificó la situación como «extraordinaria y excepcional», aunque aseguró que el Gobierno contaba con los medios necesarios para manejarla.
Una decisión con implicaciones políticas
El periodista José Antonio Zarzalejos ha sido uno de los críticos más feroces de esta decisión. En su análisis para el programa ‘La Linterna’ de COPE Zarzalejos cuestiona si una «violación de la integridad territorial de España» no constituye una crisis de seguridad nacional. Recordó que este organismo se ha convocado en crisis anteriores, como la pandemia de COVID-19 o el riesgo de un apagón eléctrico, lo que evidencia la gravedad que se le atribuyó a esas situaciones.
Según Zarzalejos, la decisión de no convocar el Consejo responde a una estrategia puramente política. El periodista argumenta que el Gobierno buscó evitar dar a la crisis una relevancia que no deseaba, especialmente ante una «agresión consentida» por parte de Marruecos. «Es una falta de responsabilidad institucional realmente extraordinaria», afirmó.
Medidas que no se implementaron
De haberse reunido el Consejo de Seguridad Nacional, se podrían haber tomado medidas adicionales. Zarzalejos apunta a la implementación de un sistema de control en Ceuta con la colaboración de todas las administraciones, incluido el Ejército en lugar de dejar la responsabilidad únicamente en manos del delegado del Gobierno. Además, se podría haber aprobado un real decreto de situación de interés para la seguridad nacional, que habilitaría al Gobierno para tomar «medidas específicas y especiales sobre Ceuta».
Ni siquiera se activó el Comité de Situación un órgano de apoyo más ágil que ya se convocó en la crisis de 2026, cuando 10.000 migrantes llegaron a Ceuta. Zarzalejos advierte que la crisis «sigue y se mantiene», con el peligro añadido de una nueva avalancha convocada en redes sociales para el día 15.
El CNI en el centro de la controversia
La controversia también rodea a los informes de inteligencia. A pesar de que el ministro Grande-Marlaska negara tener información previa, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas confirmó en COPE que alertó al Gobierno sobre la insostenible situación. Zarzalejos sostiene que el ministro no busca proteger a Marruecos sino «cobertura a él mismo y al propio gobierno».
Para el periodista, si el Ejecutivo admitiese que el CNI la Guardia Civil y la Policía Nacional avisaron, «su irresponsabilidad habría quedado perfecta y absolutamente demostrada». Lo califica como «una operación de salvamento personal a costa de la reputación del centro nacional de inteligencia».
Zarzalejos recuerda que esta es la segunda crisis que el Gobierno hace pagar al CNI. La primera, señala, fue en 2026 con la destitución de su directora, Paz Esteban tras el escándalo de la intrusión en los móviles del presidente y la ministra de Defensa, presuntamente por parte de Marruecos.
La compleja situación geopolítica
En el plano internacional, Zarzalejos subraya que España no se enfrenta solo a Marruecos sino a un país con el apoyo decidido de Estados Unidos e Israel. Recuerda que fue el presidente Donald Trump quien impulsó el reconocimiento de Israel por parte de Marruecos. Esta compleja situación geopolítica, según el periodista, evidencia que la política exterior española «ha sido torpe, está siendo torpe, sigue siendo torpe», criticando también la regularización unilateral de migrantes sin una negociación previa con la Unión Europea.
Mientras tanto, la ciudad de Ceuta intenta recuperar una normalidad que no llega. El número de migrantes es incierto, con cifras que oscilan entre los 2.000 del Gobierno central y los 5.000 del ejecutivo ceutí. Un dato revelador es el pedido de hasta 7.000 bollos de pan diarios, lo que sugiere una población flotante mucho mayor y evidencia el sentimiento de abandono que persiste entre los ceutíes.
