Amnistía International expone ejecuciones y torturas en minas congoleñas y el lucrativo contrabando de oro y coltán hacia Ruanda, acusando al M23 de crímenes de guerra.
Un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional detalla una serie de abusos cometidos por combatientes del M23 contra mineros artesanales en el este de la República Democrática del Congo. Las denuncias recogen testimonios que describen ejecuciones sumarias, torturas, detenciones arbitrarias y reclutamiento forzado, además de una red de tráfico de oro y coltán que culmina en territorio ruandés.
Los investigadores recopilaron evidencia de al menos 18 muertos en las minas de Rubaya (Kivu Norte) y Lomera (Kivu Sur). Diez de las víctimas fueron golpeadas hasta la muerte, dos fallecieron por disparos y seis desaparecieron para ser encontrados sin vida días después.
Testigos familiares relatan que los cuerpos fueron enterrados sin dignidad, como si se tratara de animales.
Abusos sistemáticos dentro de las minas
Los mineros cuentan que fueron obligados a trabajar bajo tierra durante más de una semana sin descanso, en condiciones que la propia organización califica como crímenes de guerra. Las fuerzas del M23 utilizaban tres contenedores de mercancía cercanos a Rubaya como celdas de detención improvisadas donde los internos sufrían palizas tan intensas que muchos perdían el conocimiento. Además, se instalaron “ndakes”, pequeñas prisiones subterráneas que retuvieron a al menos 20 mineros durante periodos prolongados mediante amenazas de ejecución o envío a centros de adiestramiento militar del grupo.
Reclutamiento forzado y castigos ejemplares
Según los relatos, la negativa a entregar minerales o la solicitud de descansos provocaba castigos severos. Un testimonio describe cómo un hermano de una víctima fue encarcelado y sancionado con dos semanas sin salario por haber denunciado un asesinato. Otros mineros afirman que, al intentar contactar a autoridades de Kinshasa, eran ingresados a los contenedores y sometidos a torturas que incluían golpes con picos y percusión en el pecho.
El rol de Ruanda en el contrabando de recursos
El informe señala la presencia de ciudadanos ruandeses que hablan kinyarwanda y actúan como directivos o vigilantes en las explotaciones controladas por el M23. Estas personas facilitarían el traslado del mineral a través de rutas de contrabando, especialmente por el lago Kivu. Testigos describen cómo sacos de arena aurífera son cargados en embarcaciones pequeñas en el puerto de Lomera y transportados nocturnamente hasta Kamembe, un puerto de arena en la provincia occidental de Ruanda, donde se venden a comerciantes locales.
Las autoridades ruandesas, según la investigación, estarían al tanto de este flujo y, al no interponerse, se convierten en cómplices del saqueo. Amnistía advierte que, si los individuos ruandeses actúan bajo dirección o control del Estado, Ruanda podría responder por responsabilidad estatal ante la comunidad internacional, pese a que no se haya demostrado una participación oficial directa.
Respuesta internacional y llamadas a la acción
La secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard, ha pedido a la Unión Africana, a Estados Unidos y a los países de la UE que suspendan la compra de oro y coltán provenientes de Ruanda hasta que se pruebe la interrupción del tráfico ilícito. Asimismo, insta a compañías mineras y refinerías a evitar cualquier cadena de suministro vinculada a los yacimientos bajo control del M23. La organización advierte que la impunidad frente a estos abusos podría fomentar la repetición de hechos similares en otras zonas de conflicto.
