El alto tribunal declara que la IEEPA no permite imponer aranceles, deja en jaque la estrategia comercial de Donald Trump y potencia demandas por reembolsos de miles de millones
El Tribunal Supremo de estados unidos ha decidido que el presidente no pudo basarse en la Ley de poderes económicos ante emergencias externas (IEEPA) para imponer la mayoría de los aranceles conocidos como «recíprocos». La resolución mayoritaria, firmada por el juez John Roberts, anula la justificación legal empleada por la Administración de Donald Trump y genera dudas sobre el destino de los gravámenes cobrados desde su anuncio en el acto del 2 de abril de, bautizado por el mandatario como el «Día de la Liberación».
La sentencia, extensa y detallada, afecta a gravámenes aplicados a más de un centenar de países, incluidos la Unión Europea, China, México y Canadá. Aunque el fallo no especifica un mecanismo de devolución, su razonamiento abre la vía a reclamaciones judiciales y administrativas por importadores y empresas que ya han pagado esas tasas.
Organizaciones empresariales y estudios económicos anticipan un proceso complejo de reembolso.
Fundamento jurídico y composición del fallo
La opinión mayoritaria, redactada por Roberts, subraya que la IEEPA no contiene referencia expresa a términos como «aranceles» o «derechos aduaneros» y que, por tanto, no autoriza al Ejecutivo a imponer gravámenes de alcance ilimitado. El fallo recupera la idea de que el Congreso es quien posee la potestad fiscal sobre importaciones y que cualquier delegación debe ser clara y limitada. Junto a Roberts votaron los jueces Ketanji Brown Jackson, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y los conservadores Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, conformando una mayoría de seis contra tres.
En disenso firmaron Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. Este último publicó una opinión de 63 páginas en la que alerta de las consecuencias prácticas: la posibilidad de que Estados Unidos deba reembolsar miles de millones a importadores y el riesgo de que ese proceso sea caótico para la economía y la administración aduanera. La división en el tribunal refleja tanto debates constitucionales como preocupaciones sobre el impacto económico inmediato.
Ámbito de los aranceles y su alcance práctico
Los gravámenes impugnados abarcan los denominados aranceles recíprocos empleados por la Casa Blanca para presionar a socios comerciales. Se aplicaron tipos que oscilan desde aproximadamente el 15% para la mayoría de bloques hasta el 50% en casos puntuales, como India o Brasil. Además existieron tasas dirigidas a productos concretos —acero, aluminio, automóviles— que no quedan necesariamente cubiertas por la misma sentencia.
Investigadores del Laboratorio de Presupuesto de la Universidad de Yale y otros centros han señalado que estos aranceles impactaron con especial fuerza en sectores como la ropa, los bienes con alto contenido metálico (equipos eléctricos, computadoras) y la industria automotriz. Según esos análisis, la tasa arancelaria promedio en Estados Unidos experimentó una escalada desde cifras cercanas al 2,4% a comienzos de año hasta picos próximos al 28%, para luego moderarse tras negociaciones específicas y ajustes.
Origen legal y contexto histórico
La IEEPA fue aprobada en 1977 en la presidencia de Jimmy Carter con el objetivo de acotar el ejercicio presidencial en materia de economía exterior tras experiencias anteriores. Los demandantes sostuvieron que, a lo largo de casi medio siglo, la ley se ha empleado para sanciones y medidas diplomáticas, pero no para establecer política arancelaria generalizada. Este argumento fue central en la demanda llevada al Supremo, defendida por el letrado Neal K. Katyal en representación de empresas importadoras.
Repercusiones económicas y litigios pendientes
El fallo allana la posibilidad de reclamaciones por parte de importadores y empresas. Organizaciones como We Pay the Tariffs, que agrupa a pequeñas y medianas empresas, ya habían impulsado demandas en tribunales inferiores y celebraron la resolución como una victoria. Expertos del Penn-Wharton Budget Model estimaron que la Administración podría enfrentarse a devoluciones cercanas a los 175.000 millones de dólares, cifra que ilustra el tamaño del agujero fiscal potencial, aunque las estimaciones varían.
La Casa Blanca, anticipando un revés, señaló que explorará otras herramientas legales para mantener medidas proteccionistas o para reimponer gravámenes por vías distintas. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, declaró en semanas previas que, si el Supremo dictaminaba en contra, la Administración podría restaurar tasas al día siguiente mediante nuevos instrumentos legales. Sin embargo, cualquier maniobra tendrá que sortear límites constitucionales que el propio fallo acaba de reafirmar.
Demandas y casos que llegaron al Supremo
La sentencia resuelve al menos dos pleitos emblemáticos: uno promovido por una juguetera de Illinois y otro por una empresa importadora de vinos y licores de nueva york, que representaban a cientos de pymes agrupadas en la plataforma mencionada. Tribunales inferiores ya habían sentenciado previamente que la IEEPA no confiere poderes ilimitados al Ejecutivo, lo que pavimentó la vía al recurso ante el alto tribunal.
