Medidas cautelares contra Begoña Gómez: juicio oral y prohibición de salida del país

El juez Juan Carlos Peinado ha tomado medidas sin precedentes contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en un caso que ha desatado una ola de críticas políticas

En un giro inesperado, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido abrir juicio oral contra Begoña Gómezesposa del presidente del Gobierno Pedro Sánchezy le ha impuesto medidas cautelares sin precedentes en la historia democrática reciente de España.

La resolución, comunicada este sábado, incluye la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer dos veces al mes ante un juzgado.

Esta decisión, adoptada a petición de la acusación popular liderada por la asociación Hazte Oír y grupos de extrema derecha como Voxha generado una fuerte reacción del Gobierno y del PSOE.

Las mismas medidas se han impuesto a Cristina Álvarezasesora de Gómez en La Moncloa.

Las razones detrás de las medidas cautelares

El magistrado Peinado argumenta que existen indicios racionales de criminalidad y que, debido a las penas de cárcel previstas en el Código Penal para los delitos atribuidos, existe un riesgo de que ambas intenten eludir la acción de la justicia. En su resolución, Peinado incluso sugiere que los policías que escoltan a Gómez podrían colaborar en una posible fuga.

«No cabe duda de que esos agentes, en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, pueden ser precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo para facilitarla», afirma el juez. Además, Peinado considera que la condición de presidente del Gobierno de Sánchez es transitorialo que facilitaría aún más una hipotética fuga.

Reacciones del Gobierno y el PSOE

El Gobierno ha mostrado su oposición a estas medidas, calificándolas de desproporcionadas y políticas. «Se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos», han declarado fuentes de La Moncloa.

Numerosos miembros del Gobierno y dirigentes del PSOE han criticado abiertamente la decisión. «La ignominia», ha resumido Óscar Puenteministro de Transportes. «Un auto en el que se llega a afirmar que ¡puede ser la propia Policía que custodia a Begoña Gómez la que le ayude a fugarse! Y esto lo está consintiendo la Audiencia Provincial de Madrid y el CGPJ«, añadió en la red social X.

El caso y los delitos atribuidos

El juez Peinado atribuye cuatro delitos a Begoña Gómez: tráfico de influenciascorrupción en los negociosmalversación y apropiación indebida. La instrucción gira en torno a dos tesis principales: que Gómez se aprovechó de su relación con el presidente para impulsar su carrera profesional y que se apoyó en su asesora para ayudar en sus trabajos privados.

Peinado considera que se tejió una trama de corrupción sin precedentes desde «el reinado de Fernando VII». «Por mucho que se busque […] no podrá hallarse un supuesto de similares características, pues las conductas que provienen de palacios presidenciales, como este supuesto, parecen más propias de regímenes absolutistas, por suerte, ya olvidados en el tiempo en nuestro Estado», escribió el juez en una resolución dictada en abril.

La acusación popular reclama penas de hasta 24 años de prisión para Gómez, 22 años para Álvarez y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés. Los abogados de las imputadas pueden presentar alegaciones contra las medidas cautelares, y el tribunal provincial aún tiene la posibilidad de anular el procesamiento.