Reformas económicas en Cuba: el giro hacia el capitalismo

Cuba está experimentando un cambio económico sin precedentes con la aprobación de un paquete de medidas que buscan liberalizar su economía.

En un movimiento audaz y sin precedentes, el Partido Comunista de Cuba bajo el liderazgo del presidente Miguel Díaz-Canel ha aprobado un conjunto de medidas destinadas a liberalizar la economía del país. Este giro de 180 grados busca hacer frente a la profunda crisis económica que ha afectado a la isla durante los últimos seis años, exacerbada por las presiones de la Casa Blanca.

El Ejecutivo cubano presentó ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) un paquete de 176 medidas, ya aprobadas de urgencia en sesiones extraordinarias del Comité Central del partido y la Asamblea. Entre las acciones más destacadas se encuentran la autorización de la banca privada y el fomento de la inversión extranjera.

Un cambio histórico en la economía cubana

Estas medidas llegan en un contexto de creciente presión por parte del gobierno estadounidense de Donald Trump que ha impuesto sanciones asfixiantes a la Administración Canel. Para el líder republicano, Cuba es un «Estado fallido» y su población necesita ayuda. La situación se ha agravado tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero, lo que ha dejado a Cuba sin el suministro de crudo del país vecino. Además, el expresidente Raúl Castro fue acusado en mayo por el Departamento de Justicia de EE.UU. por su implicación en el derribo de dos avionetas de una organización del exilio cubano en 1996.

Esta reforma es la más brusca desde 2011, cuando Raúl Castro actualizó el modelo económico con el fin de incentivar a pequeña escala la propiedad privada. Sin embargo, el nuevo anuncio supone un cambio histórico para el país caribeño, cuyo sistema económico había girado en torno al intervencionismo y la presencia estatal desde el inicio de la Revolución cubana de 1959.

Banca privada e inversión extranjera: las nuevas reglas del juego

Una de las novedades más importantes de esta «revolución económica» es la autorización de la banca privada siempre bajo la supervisión del Banco Central de Cuba (BCC) y en igualdad de condiciones con la banca nacional. También se permitirá la implantación de instituciones financieras privadas, microcréditos privados y activos virtuales. Además, se establecen nuevas vías de capitalización para los bancos más allá de los presupuestos del Estado y se permite la apertura de cuentas en divisas sin autorización previa.

Respecto a la inversión del exterior, el gobierno cubano permitirá que los cubanos residentes en el extranjero inviertan directamente en proyectos dentro de la isla, algo muy limitado hasta la fecha. Además, se proponen eliminar las trabas burocráticas comerciales, flexibilizar las cuentas bancarias foráneas y extender el derecho de superficie hasta 99 años y el de usufructo hasta 50 años, lo que otorgaría mayor estabilidad a los proyectos de inversión a largo plazo. También se permitirá la inversión extranjera en La Habana Vieja y otras zonas patrimoniales, territorios que estaban sometidos a fuertes restricciones.

La empresa estatal y privada: nuevos aliados

Actualmente, más de 7.200 «posibles» empresas cubanas estaban pendientes de una autorización. 3.000 de ellas ya han sido certificadas, y este documento confirma la aceptación del resto. Además, se permitirá a estos nuevos actores económicos privados la posibilidad de contar con más de 100 trabajadores en plantilla, que hasta ahora era el límite actual, y se eliminan ciertos trámites burocráticos.

Las reformas plantean la posibilidad de que una persona física pueda ser titular de más de una empresa privada y prevén la creación de pymes en la agricultura, donde hasta ahora solo podían operar cooperativas. Este aperturismo es tan notorio que incluso el PCC reconoce la creciente dolarización del mundo y propone el uso empresarial de esta moneda, ampliar operaciones en divisas y una mayor circulación de monedas extranjeras.

Por primera vez se reconoce de manera explícita que muchas empresas estatales deberán competir en condiciones similares al sector privado y que algunas podrían desaparecer si no son viables económicamente. Las medidas contemplan dar autonomía a las empresas estatales, permitiéndoles realizar cualquier actividad económica lícita, descentralizar los precios, fusionarse y crear otros mecanismos para financiarse o invertir.

Además de las empresas públicas, el paquete estipula una nueva dimensión para el Estado, con menos ministerios, menos plantillas y estructuras administrativas, y mayores autonomías de los Gobiernos municipales. El objetivo es claro: menos gasto público y una administración pública más eficiente.