Cuba promulga el decreto-ley 114/2026 para crear sociedades mixtas entre entidades estatales y privadas, con autonomía empresarial y exclusiones en salud, educación y defensa
El Gobierno cubano aprobó un nuevo marco normativo que abre la posibilidad de constituir empresas mixtas formadas por aportaciones estatales y privadas mediante el decreto-ley 114/2026. Según el texto oficial, estas figuras jurídicas estarán sujetas a reglas propias que les conceden mayor independencia operativa que la tradicional economía planificada de la isla.
La norma, publicada en la Gaceta Oficial, establece condiciones y límites para la colaboración entre el sector público y agentes no estatales, y está prevista para entrar en vigor a comienzos de abril.
Esta iniciativa se suma a cambios previos, como la reapertura en 2026 de las micro, pequeñas y medianas empresas privadas con hasta 100 trabajadores.
El movimiento responde a una combinación de presiones internas y externas: dificultades para acceder a divisas, caída del turismo y la persistencia de problemas estructurales en las empresas públicas. En este contexto, el sector privado ha ganado importancia tanto en empleo como en ventas minoristas.
Qué permite y qué prohíbe el nuevo decreto
El decreto-ley 114/2026 regula la constitución de las llamadas sociedades de responsabilidad limitada mixtas, que podrán recibir aportaciones en bienes o capital por parte del Estado y de socios privados. Estas entidades gozarán de autonomía empresarial, lo que incluye la capacidad para fijar la plantilla, establecer salarios y abrir establecimientos comerciales dentro y fuera de Cuba. No obstante, la normativa impone límites claros: quedan fuera de este esquema los servicios de salud, educación y las actividades vinculadas a instituciones armadas.
Independencia frente a la planificación estatal
Una novedad relevante es que las empresas mixtas no estarán sujetas al principio de planificación estatal que controla gran parte de la economía cubana. Esta excepción permite a las entidades operar con criterios más comerciales y decidir aspectos clave de gestión con mayor flexibilidad. Aun así, la norma mantiene el papel regulador del Estado, que seguirá supervisando sectores sensibles y fijando marcos generales.
Contexto económico y cifras del sector privado
La apertura legal llega después de varios años en los que el sector privado ha ocupado un espacio creciente en la economía nacional. Para 2026, las cerca de 9.900 empresas privadas registradas representaban aproximadamente el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. Ese mismo año, las ventas al por menor del sector privado superaron por primera vez a las estatales, concentrando alrededor del 55% del comercio minorista. Estos indicadores muestran la relevancia adquirida por actores no estatales en la oferta y el empleo.
Factores que impulsan el cambio
La decisión de permitir empresas mixtas se inserta en un escenario marcado por la falta de divisas, amplificada por el endurecimiento del embargo estadounidense, el desplome del turismo tras sucesos recientes y las complejidades de una reforma monetaria que no resolvió todos los desequilibrios. Ante estas limitaciones, la colaboración con el sector privado aparece como una vía para atraer recursos, mejorar la oferta y dinamizar actividades productivas sin renunciar al control estatal sobre áreas estratégicas.
Implicaciones políticas y comerciales
Además de su impacto económico, la medida tiene dimensiones diplomáticas y comerciales. En un contexto de tensiones con Washington, la Casa Blanca ha autorizado la venta de combustible a empresas privadas cubanas con la condición de que las transacciones no beneficien directamente al gobierno, un gesto que apunta a complejidades en la relación bilateral. Al mismo tiempo, la apertura de sociedades mixtas plantea preguntas sobre la forma en que se repartirán riesgos, beneficios y control entre socios estatales y privados.
Desafíos operativos y de gobernanza
La puesta en marcha práctica de estas sociedades mixtas exigirá resolver aspectos como la protección de inversiones, la transparencia en contratos, mecanismos de resolución de conflictos y reglas sobre salida de socios. También será clave definir cómo se compaginan la autonomía empresarial con las políticas públicas y qué instrumentos utilizará el Estado para garantizar que las actividades cumplan objetivos económicos y sociales.
Su implementación y los resultados derivados servirán para valorar si este nuevo cauce logra aliviar la presión sobre la economía y crear empleos y divisas, manteniendo al mismo tiempo el control estatal sobre sectores considerados estratégicos.
