El Ejecutivo reúne a sindicatos y patronal, vigila precios energéticos y no descarta rebajas fiscales similares a las aplicadas tras la guerra en Ucrania
La reciente escalada de tensión en Oriente Medio ha puesto en alerta a las autoridades económicas de España y ha impulsado la activación de equipos ministeriales para evaluar riesgos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya adelantó que se analizan distintos escenarios y medidas para reducir efectos adversos sobre hogares y empresas, apoyándose en la experiencia acumulada en crisis previas como la pandemia y la guerra en Ucrania.
Desde Moncloa se subraya que España dispone de margen fiscal para adoptar ayudas directas o reducir tributos cuando sea necesario, pero todo ello se hará siguiendo criterios técnicos y coordinados.
Convocatoria y actores implicados
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha citado a los principales líderes sindicales y representantes de la patronal para articular una respuesta social y económica.
En la reunión, estarán la mayoría de las primeras espadas del diálogo social, aunque la CEOE no contará con la presencia de Antonio Garamendi por cuestiones de agenda, siendo representada por su secretario general; sí asistirá la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel. Además, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha anunciado encuentros separados con cada parte la próxima semana para incorporar propuestas de los agentes sociales en el diseño de las medidas.
Riesgos detectados y monitorización de mercados
Los equipos económicos del Gobierno están analizando dos tipos de efectos: el impacto inmediato por la subida del precio del petróleo y del gas y efectos secundarios que pueden trasladarse a los costes del transporte y a la cesta de la compra. Fuentes oficiales alertan de la vulnerabilidad derivada de las posibles dificultades de paso por el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del crudo y el gas mundial. Los mercados han mostrado volatilidad: jornadas de alzas en el Brent y el gas han alternado con correcciones, lo que obliga a un seguimiento estrecho.
Referencias de crisis anteriores
Como precedente, el Ejecutivo toma como referencia el paquete desplegado tras la invasión de Ucrania: entonces se implementó un escudo energético y se aplicaron rebajas fiscales sobre electricidad y alimentos básicos. Aquellas medidas ayudaron a contener una inflación que llegó al 10% interanual en su pico y precios del gas que alcanzaron 345 euros/MWh en el mercado de referencia. Hoy, por contraste, el gas en el mercado holandés se cotiza considerablemente más bajo, lo que dota al Gobierno de espacio para maniobra si fuera necesario repetir o adaptar las medidas.
Instrumentos y costes fiscales
El Gobierno no descarta recurrir de nuevo a reducciones del IVA en electricidad y alimentos de primera necesidad o a bonificaciones temporales que alivien la factura energética de familias y empresas. En la última ola de medidas fiscales, la rebaja del IVA en productos básicos supuso un coste fiscal conjunto de 3.864 millones de euros, mientras que las bonificaciones vinculadas a la inflación supusieron una merma de ingresos de aproximadamente 3.800 millones para la Agencia Tributaria. A pesar de ello, la recaudación total siguió batiendo récords, lo que permitió mantener la sostenibilidad fiscal y reducir la ratio deuda/PIB.
Posibles fases de actuación
Fuentes gubernamentales indican que la reacción sería progresiva, con medidas «en cascada»: primero monitorizar, luego aplicar medidas sobre energía y transporte, y, si fuera necesario, aprobar ayudas directas o bonificaciones fiscales en un próximo Consejo de Ministros. La diferencia con la crisis energética de invierno es el calendario: con la primavera y el verano por delante, el consumo energético tiende a ser menor, lo que condiciona la urgencia y el alcance de las intervenciones.
Impacto sobre sectores y relaciones exteriores
Además de las medidas internas, el Gobierno sigue de cerca el posible efecto sobre empresas que exportan a Estados Unidos, especialmente las afectadas por aranceles vigentes desde la administración anterior. El Ministerio de Economía mantiene reuniones periódicas con los sectores más expuestos para estudiar medidas compensatorias o de apoyo. En paralelo, el Ejecutivo ha insistido en preservar la soberanía y la posición diplomática española, descartando compromisos que impliquen el uso de bases o colaboraciones militares que no hayan sido autorizadas públicamente.
La coordinación entre ministerios y la participación de sindicatos y patronal serán decisivas para decidir el alcance y la naturaleza de las medidas que, si llegan, intentarán ser eficaces y calibradas.
