El Tribunal de Cuentas descubre facturas irregulares y gastos ilícitos en las cuentas de Podemos vinculadas a las elecciones del 28 de abril.
El Tribunal de Cuentas ha descubierto en las cuentas de Podemos facturas irregulares y sin justificar, y gastos ilícitos según la ley de contabilidad electoral para las elecciones generales del 28 de abril; comicios tras los que llegó al Gobierno gracias al pacto con el PSOE.
Según el informe fiscalizador del TC al que ha tenido acceso el diario El Mundo, se han detectado gasto por el valor de 133.100 euros que “no han sido debidamente justificados”.
Tras el hallazgo, Podemos ha explicado detalladamente en qué consistieron las facturas irregulares.
No obstante, según ha señalado el Tribunal, las explicaciones no han sido suficientes. El partido “solo ha identificado los actos en los que se han utilizado alguno de los diseños, sin acreditar la efectiva participación del proveedor en los actos electorales, ni los medios humanos y materiales utilizados en los mismos” explica el informe.
El Mundo ha comprobado que el total de gastos irregulares detectado por el TC asciende a 425.037, 41 euros. De esta cantidad, se ha comprobado que 1.210 euros se han destinado a emitir propaganda electoral fuera del plazo permitido por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg); es decir, gastos explícitamente prohibidos por ley.
Por otro lado, el TC también subraya la firma de contratos con la empresa Neurona Consulting, por un valor de 363.000 euros. Neurona es una de las empresas de comunicación política más importantes de América Latina, que se vincula a la izquierda latinoamericana. De hecho, la empresa ha trabajado de manera muy próximas con regímenes chavistas de la región. Se sabe que la sociedad es muy próxima a Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores de la formación morada. Sin embargo, el político asegura que se ha desvinculado de la misma y afirma que ni pertenece ni ha pertenecido nunca a su dirección.
La factura de los contratos con Neurona, que data del 5 de abril, se realizó solo 15 días después de que la empresa se inscribiera al Registro Mercantil español. Asimismo, la firma del contrato, que fue telemática, se realizó un mes después, el 6 de mayo, poco después de las elecciones.
Según afirma el TC en el informe, en los contratos figuran “los mismos conceptos que se hacen constar en la factura”, pero “sin valoración económica individualizada de lo contratado”. Asimismo, el documento subraya que el objeto social de la empresa “no coincide con las prestaciones contratadas” por la formación de Pablo Iglesias.
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