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Gobierno y Generalitat retoman la comisión bilateral en Madrid después de tres años, con la idea de aliviar las tensiones en ambas partes. La cita, establecida por el Estatut, busca resolver la gestión de las becas por parte del Govern o la financiación de las cercanías ferroviarias.
La delegación catalana buscará obtener concesiones más concretas en 56 traspasos pendientes mientras que los representantes de la Moncloa desean iniciar un acercamiento creando grupos de trabajo para encarrilar conflictos.
Se trata de la primera reunión bilateral desde 2018, siendo la anterior en 2011, en coincidencia con la conflictividad de la gestión de Mariano Rajoy con los sucesivos presidents del Govern catalán, cuyo punto de ebullición fue el referendum y declaración unilateral de independiencia. Surgieron nuevos encontronazos como el ingreso mínimo vital implantado por el Gobierno, la Renda Garantida de Ciutadania, el proyecto de ley audiovisual del Ejecutivo central y el reparto de los fondos europeos, entre otros.
La gestión de las becas es uno de los viejos reclamos a obtener por parte del Govern para tener su control a partir del curso 2022-23. Según la Conselleria de Universidades, los costes de gestión de las becas que asume pese a no tener traspasada dicha competencia es de 10 millones de euros.
La financiación del servicio ferroviario de Rodalies es otro de los puntos que podría desbloquearse lo que dispone la disposición centésima quincuagésima cuarta de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021. Las transferencias de recursos a Catalunya en esta materia y financiar dicho traspaso tras establecerse en 2009. La disposición presupuestaria encomienda a la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat analizar y acordar de manera definitiva esta transferencia.
La entrada en vigor del ingreso mínimo vital de índole estatal sería otro choque, ya que el Govern quiere que se imponga en su territorio la Renda Garantida de Ciutadania. Desde las entidades sociales buscan la coordinación y una mejora considerable de la gestión de estas prestaciones para que lleguen a todos los beneficiarios ante el aumento de la pobreza. El límite del precio de los alquileres estará también entre las demandas de los catalanes, además del proyecto de ley audiovisual del Gobierno, contrario a los intereses de la Generalitat y una mejor financiación de los Mossos d’Esquadra.
Mientras los miembros de ERC en el Gobierno reclaman concreciones y calendario para justificar su apuesta por el diálogo, Junts per Catalunya, por boca del vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, se mostró mucho más escéptico con los posibles acuerdos que puedan surgir en esta reunión bilateral.
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