La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que la denuncia socialista no aporta pruebas suficientes de perjuicio patrimonial y que algunas de sus pretensiones exceden la jurisdicción contable
La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha enviado una propuesta para archivar la denuncia por responsabilidad contable presentada en febrero por el Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid contra la Comunidad de Madrid, relacionada con la supuesta condonación de 71 millones de euros a las empresas Quirón y Ribera Salud.
En su nota, el órgano fiscal recalca que la denuncia no acredita un perjuicio real para los fondos públicos y, además, defiende que buena parte de las pretensiones tienen la naturaleza de una fiscalización que escapa a la competencia contable del Tribunal.
El contenido de la denuncia del PSOE sostiene que ese importe surgió por la atención en la sanidad pública a pacientes derivados de esos grupos privados y concertados, y apunta a posibles deficiencias en el control de la facturación entre hospitales de gestión directa y centros en régimen de concesión. No obstante, la Fiscalía reprocha que el escrito no identifica actos concretos de gestión susceptibles de generar responsabilidad contable ni concreta normas presuntamente vulneradas, limitándose a obligaciones generales de supervisión y seguimiento.
Qué alegaron los socialistas
Según el Grupo Socialista, la Comunidad de Madrid habría asumido gastos derivados de pacientes que, por su vinculación con Quirón y Ribera Salud, correspondían a centros de gestión privada, lo que habría generado una deuda omitida o perdonada por un montante cercano a 71 millones de euros. La denuncia puso el foco en la supuesta existencia de un colapso administrativo en los procedimientos de facturación y en la falta de un control riguroso entre equipos gestores, sugiriendo un posible menoscabo de los recursos públicos por fallos en la colaboración entre hospitales públicos y concertados.
Los argumentos centrales de la Fiscalía
En su respuesta pública, la Fiscalía afirma que la denuncia «no aporta indicios de un perjuicio real para los fondos públicos» y matiza que lo que se reclama en realidad sería una tarea de auditoría o control, es decir, una fiscalización que no corresponde al ámbito contable. De forma concreta, el órgano señala que la denuncia atribuye responsabilidades al Sermas, a la Consejería de Sanidad y a la propia Comunidad de Madrid, sin identificar actuaciones administrativas concretas que pudieran ser objeto de reproche contable.
Responsabilidad sobre las historias clínicas
Uno de los puntos subrayados por la Fiscalía es la distinción entre quien gestiona fondos y quien realiza registros clínicos: la cumplimentación de las historias clínicas corresponde a los profesionales sanitarios y estos no administran recursos públicos directamente. Por ello, la Fiscalía considera que no pueden ser encuadrados dentro del marco de responsabilidad que juzga el Tribunal de Cuentas, y advierte que la denuncia omite esta salvedad esencial al identificar presuntos responsables.
Limitaciones probatorias y extrapolaciones
Además, la Fiscalía critica que el texto socialista extrapola conclusiones de una auditoría de facturación realizada en un único hospital y aplicada a un periodo concreto a toda la red hospitalaria privada. Según el órgano, esa extensión no siempre está justificada y supone un salto lógico que debilita la acusación, ya que no se demuestran actos administrativos específicos ni se detallan normas infringidas que permitan sostener una eventual responsabilidad contable.
Implicaciones políticas y próximos pasos
La propuesta de archivo no cierra la vía política: la polémica puede seguir en el terreno del debate parlamentario y en la opinión pública, donde el PSOE ya ha mostrado su intención de mantener la presión sobre la gestión sanitaria. Aun así, desde el punto de vista procesal, si el Tribunal de Cuentas acepta la recomendación de la Fiscalía, el expediente se archivaría por falta de indicios suficientes de perjuicio patrimonial. En todo caso, la cuestión reabre la discusión sobre los mecanismos de control y transparencia en la relación entre la sanidad pública y los operadores privados.
Lectura final
La decisión de la Fiscalía subraya la necesidad de pruebas detalladas y de una trazabilidad administrativa precisa para sostener reclamaciones patrimoniales ante el Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, la controversia seguirá siendo un asunto de atención pública y política, con posibles consecuencias en los procedimientos de control interno de la Comunidad de Madrid y en las exigencias de claridad a los contratos y facturaciones en régimen de concesión.
