El auto del juez José Luis Calama relaciona a José Luis Rodríguez Zapatero con pagos procedentes de la trama Plus Ultra y con la creación de sociedades que, según la investigación, habrían servido para canalizar fondos
El instructor de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha acordado citar como investigado a José Luis Rodríguez Zapatero para que declare el próximo 2 de junio, en relación con las pesquisas conocidas como caso Plus Ultra. En el auto se describe la existencia de una red que, según el magistrado, habría operado como una estructura jerarquizada destinada a influir en decisiones públicas y a obtener beneficios económicos mediante intermediaciones.
El documento recoge transferencias y contratos que vinculan a varias sociedades y a personas del entorno del expresidente con la compañía aérea beneficiada por una ayuda pública de 53 millones de euros.
La resolución judicial explica que los indicios recabados señalan el uso de sociedades instrumentales, documentación contractual ad hoc y circuitos financieros opacos para ocultar origen y destino de fondos.
El auto detalla los importes remitidos desde diversas firmas hacia el propio expresidente y hacia la empresa Whathefav SL, vinculada a sus hijas, y subraya la posible creación de una mercantil en Dubái relacionada con estas operaciones. Las exposiciones del juez mantienen la provisionalidad propia de esta fase, pero describen una trama compleja que ahora deberá aclararse en sede judicial.
Pagos y empresas señaladas
Según la instrucción, tres grupos societarios habrían canalizado recursos supuestamente relacionados con Plus Ultra y clientes afines. La consultora Análisis Relevante, cuyo administrador principal es Julio Martínez Martínez, figura como origen de transferencias por importe de 490.780 euros hacia Zapatero y 239.755 euros hacia Whathefav SL. Otra entidad mencionada es Gate Center, presidida por el propio expresidente, que habría remitido 352.980 euros a Zapatero y 171.727 euros a la sociedad de sus hijas. Finalmente, compañías vinculadas al grupo Thinking Heads aparecen como emisoras de pagos de 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
Estructura, roles y vías de influencia
El auto atribuye a Zapatero un papel de liderazgo en una red que, según el juez, combinó contactos personales con la administración y la mediación de intermediarios para lograr decisiones administrativas concretas, en especial la aprobación y el desembolso de la ayuda a Plus Ultra. Entre los nombres que aparecen en la instrucción figuran el empresario Julio Martínez Martínez, los gestores Cristóbal Cano Quiles y Manuel Aaron Fajardo García, y la secretaria María Gertrudis Alcázar Jiménez, cuya actuación cotidiana se describe como operativa dentro del entramado. Esta organización, siempre según el auto, habría buscado maximizar eficacia ante organismos públicos a cambio de contraprestaciones económicas.
Intermediarios y funciones
La resolución dibuja un reparto funcional: personal cercano al expresidente habría ejercido la intermediación directa con clientes y autoridades, mientras que otros gestores administraban las sociedades utilizadas para justificar cobros. El juez pone el foco en contratos de asesoría prescritos como sustento documental de las transferencias, y en la participación de administradores que actuarían como testaferros o gestores de la apariencia legal. Esa combinación funcional constituye, para el instructor, un indicio relevante de la relación entre la actividad de influencia y el beneficio económico buscado.
Sociedades off-shore y circuitos financieros
Otro eje de la investigación es la creación, supuestamente instruida por Zapatero y colaboradores, de una sociedad en Dubái —identificada como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco— participada íntegramente por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Martínez. El plan de negocio de la sociedad exterior contemplaba ingresos de 3 millones de dólares en cinco años y su constitución, cercana en el tiempo a la firma del contrato por el 1% del rescate (importe de 530.000 euros), alimenta la hipótesis de que la estructura habría servido para recibir fondos fuera de España y preservar su trazabilidad.
Implicaciones penales y próximos pasos
El juez considera que, con la provisionalidad de esta fase, los hechos podrían encajar en el tipo penal de tráfico de influencias recogido en los artículos 428 a 430 del Código Penal, y analiza igualmente indicios sobre una posible operativa orientada al blanqueo mediante desplazamiento de capitales y ocultación de la titularidad real de activos. Además de la citación de Zapatero, el auto acuerda el levantamiento del secreto del procedimiento y ordena registros en su oficina y en varias sociedades, pasos que buscan ampliar y verificar la documentación y las comunicaciones que sostienen la hipótesis del instructor.
