El juez Calama describe una estructura presuntamente jerarquizada que usó sociedades pantalla y pagos para canalizar beneficios hacia José Luis Rodríguez Zapatero y su entorno
El magistrado José Luis Calama sitúa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como presunto responsable de una red organizada cuya finalidad habría sido el tráfico de influencias para conseguir beneficios económicos para terceros, con especial énfasis en Plus Ultra.
El auto del juez describe el uso de sociedades instrumentales, documentación simulada y vías financieras opacas para ocultar el origen y destino de los fondos, y subraya que la operativa buscaba obtener comisiones y réditos económicos que acabarían en el entorno del expresidente.
Según la resolución, la trama habría contado con intermediarios y responsables de canalizar clientes y pagos. Entre ellos figura el empresario Julio Martínez, cuyo entramado societario servía como punto de contacto con empresas que abonaban por las gestiones. El juez apunta a un reparto funcional de tareas, en el que Zapatero aportaba influencia y contactos, mientras otras personas actuaban como nexo y ejecutores de las órdenes, con contratos de asesoría que funcionaban como justificantes formales.
Cómo habría funcionado la supuesta red
El auto detalla que la estructura operó mediante la creación de un entramado societario para recibir y distribuir fondos. Sociedades como Análisis Relevante, Caletón Consultores o Summer Wind aparecen en la investigación como piezas utilizadas para la triangulación de pagos. El juez destaca que se recurrió a contratos de consultoría y asesoría —documentalmente legítimos— pero que, según la investigación, sirvieron solo para justificar frente a terceros los movimientos de dinero que respondían a una gestión orientada a lograr resoluciones administrativas favorables.
Roles y transferencias identificadas
En la reconstrucción financiera, Calama atribuye a Zapatero la condición de beneficiario final de buena parte de los fondos. La instrucción fija en 1.500.000 euros la supuesta retribución por las gestiones realizadas para lograr el rescate de Plus Ultra en 2026, además de 423.779 euros que habrían llegado a sus hijas a través de la sociedad Whathefav SL. Según la investigación, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros al expresidente y 239.755 euros a Whathefav; el Gate Center 352.980 euros y 171.727 euros respectivamente; y sociedades vinculadas al grupo Thinking Heads 681.318 euros y 12.297 euros.
Mecanismos y presunta ocultación
El auto subraya la utilización de estructuras en jurisdicciones opacas y la creación de sociedades en el exterior como parte de la estrategia. Calama hace referencia a la constitución de una mercantil en Dubái —identificada como Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco— que, según los documentos, proyectaba ingresos de 3 millones de dólares en cinco años. Esta sociedad estaría participada por Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez, y vinculada a un contrato por 530.000 euros —el 1% del rescate— cuya traza en España no se constata, lo que para el juez refuerza la hipótesis de recepción de fondos en el extranjero.
Pruebas, comunicaciones y cronología citadas por la instrucción
La investigación reconstruyó llamadas y mensajes desde febrero de 2026 hasta la aprobación definitiva del rescate, documentada por el juez con la fecha del 9 de marzo. El auto recoge intercambios en los que algunos investigados celebraron la concesión de la ayuda antes de la decisión formal del órgano gestor, y señala el acceso anticipado a información privilegiada como indicio de que la actuación perseguía influir en una resolución administrativa concreta en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
Alcance procesal y posibles delitos conexos
Calama acordó la citación como investigado de Zapatero para el 2 de junio y plantea la existencia de una estructura organizadamente dirigida por el expresidente, con intermediarios directos como Manuel Aaron Fajardo García y Julio Martínez Martínez, además de menciones a la secretaria María Gertrudis Alcázar y a Cristóbal Cano. El juez no limita la pesquisa al supuesto tráfico de influencias: la operativa descrita abre la puerta a indagar por delitos de blanqueo de capitales, dada la creación de sociedades en jurisdicciones de baja transparencia, la utilización de estructuras fiduciarias y la desconexión deliberada entre origen y destino de los fondos.
Operaciones adicionales y contexto internacional
Más allá del rescate, la instrucción apunta a gestiones para la operativa de la aerolínea en el exterior, en particular en Venezuela, donde Zapatero habría activado contactos ante el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) para facilitar vuelos de la compañía. Parte de las diligencias se han obtenido tras registros y documentación incautada a Julio Martínez en una operación llevada a cabo por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción en diciembre del pasado año, y la causa fue asumida por el Juzgado central tras su incorporación en marzo.
