Escuchas y documentos judiciales recogen mensajes entre directivos de Plus Ultra y terceros que describen una 'boutique financiera' y referencias a Zapatero como nexo para conseguir 53 millones de euros de apoyo público
En los expedientes abiertos alrededor del rescate de Plus Ultra emergen mensajes de voz y whatsapp que habrían sido interceptados por la instrucción judicial. El juez José Luis Calama dispone, según el auto, de comunicaciones entre los principales responsables de la aerolínea y personas vinculadas al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.
Esos intercambios, que figuran en un auto de ochenta y cinco folios, describen gestiones, reuniones y referencias explícitas a una “boutique financiera” como mecanismo de intermediación a cambio de una supuesta contraprestación económica.
El contexto económico detrás de esas conversaciones es el fondo creado por el Gobierno para sostener empresas afectadas por la crisis sanitaria: el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), puesto en marcha el 3 de julio de 2026.
La pequeña compañía obtuvo finalmente un respaldo público de 53 millones y los mensajes internos recogen tanto el alivio de la plantilla como la inquietud por el seguimiento de esos fondos. Las piezas investigadoras enlazan reuniones con autoridades, aportes de asesoría y el uso de determinados contactos para acelerar trámites ante la SEPI.
Cómo se articuló el rescate
El proceso administrativo que culminó en la entrega de ayudas incluye varios hitos: un préstamo ordinario de 19 millones dispuesto el 18 de marzo de 2026 y un préstamo participativo de 34 millones formalizado el 10 de agosto de 2026. La decisión partió del FASEE y contó con informes de consultoras que valoraron la capacidad de la compañía para seguir operando. En paralelo, existió controversia sobre si Plus Ultra cumplía los requisitos de solvencia previos a la pandemia y debate político sobre su condición de empresa estratégica, una etiqueta determinante para recibir el apoyo público.
Requisitos y dudas sobre el destino de los fondos
Las normas del FASEE exigían planes de viabilidad, garantías y un control exhaustivo del uso del dinero por parte de la SEPI. No obstante, la instrucción judicial detectó irregularidades en la transparencia contable y abrió pesquisas sobre el recorrido de los desembolsos. En julio y agosto de 2026 hubo momentos en que la transferencia de los 34 millones llegó a paralizarse por dudas sobre pagos a terceros, pero el juez de guardia consideró que la paralización podía provocar insolvencia y perjudicar a pasajeros, por lo que los fondos acabaron siendo liberados.
Las conversaciones y la presunta red de influencia
Los audios y mensajes analizados por el instructor describen intercambios entre el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y otros directivos. En esas conversaciones aparecen referencias repetidas a la figura de Zapatero como gestor de contactos y a una estructura de intermediación. Un mensaje alude a que alguien “montó su boutique financiera” y a la expectativa de una “mordida”; en otra pieza, se habla de que Zapatero sería quien pudiera hablar con la SEPI o con cargos relevantes para facilitar la ayuda.
El rol atribuido a Zapatero
En el auto se relata que el expresidente ocupa el lugar de “núcleo decisor y estratégico” de la red, no mediante actuaciones públicas sino por su capacidad de coordinación y supervisión. La instrucción sostiene que esa dirección buscaba obtener beneficios económicos por intermediación ante organismos públicos. Además, consta que Zapatero admitió en su día haber cobrado 463.000 euros por consultorías y que propuso la participación profesional de sus hijas a través de la agencia Whathefav S.L., lo que figura entre los elementos examinados por los investigadores.
Investigación, peritajes y consecuencias
Las pesquisas han pasado por distintas manos: fiscalía, unidades policiales como la UDEF, y distintos juzgados de instrucción. Se han practicado registros, peritajes y declaraciones; también hubo detenciones para prestar declaración del presidente y del consejero delegado de la aerolínea en diciembre. La Fiscalía Anticorrupción presentó denuncias que apuntaban al posible blanqueo de capitales y a un uso indebido de los fondos, aportando datos que venían de investigaciones internacionales en Francia y Suiza. Parte del caso llegó a archivarse por motivos procesales en alguna instancia, aunque la investigación penal sigue activa en otros frentes.
Impacto político y reputacional
Más allá de la dimensión judicial, el caso ha generado repercusiones políticas y debates sobre la gestión de ayudas públicas en situaciones de emergencia. Las acusaciones provocaron querellas y un intenso escrutinio mediático sobre la idoneidad de algunos beneficiarios y sobre la relación entre empresarios, asesores y exmandatarios. A la espera de que la instrucción avance, las piezas documentales y las intercepciones siguen siendo la base para reconstruir cómo se produjo la ayuda y si hubo, como sostienen los autos, una red organizada para influir en decisiones públicas.
