Ana Miranda y Catarina Martins piden una reunión urgente y transparencia bajo la Convención de Aarhus
En Santiago, el 20/05/2026 la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha elevado una queja pública al afirmar que la inclusión de la Mina Doade (Orense) entre los proyectos estratégicos de la Comisión Europea es, a su juicio, un fraude.
La denuncia se apoya en una investigación periodística del medio alemán Table Briefings y en el seguimiento informativo del diario portugués Público, que relatan discrepancias entre las decisiones finales y las valoraciones previas de los expertos.
Según los documentos citados, varios proyectos —entre ellos la Mina Doade y la Mina do Barroso en Portugal— habrían recibido informes desfavorables en febrero de 2026, pero aun así aparecieron en la lista definitiva aprobada el 12 de marzo de 2026.
Para el BNG, este desfase entre la evaluación técnica y la decisión final plantea dudas sobre la integridad del procedimiento y sobre posibles presiones políticas que habrían influido en la re-selección.
Las pruebas citadas y el contexto informativo
Los artículos de Table Briefings y de Público recogen testimonios y documentos que, según sus autores, muestran que los expertos independientes asignados a las valoraciones habían registrado observaciones negativas en febrero de 2026. A pesar de ello, la Comisión incluyó esos proyectos en marzo de 2026 entre los que gozan de la consideración estratégica al amparo de la ley de materias primas críticas. Este contraste es el eje de la acusación de fraude que ahora denuncia Ana Miranda.
Reacción política y solicitud de explicaciones
Junto a la eurodiputada del Bloco de Esquerda, Catarina Martins, Miranda ha solicitado formalmente a la dirección general de Industria y Mercado Interior de la Comisión una explicación detallada del proceso de re-selección. En la carta reclaman una reunión urgente para aclarar por qué proyectos con informes negativos terminaron siendo aprobados y piden que la Comisión aplique los principios de la Convención de Aarhus, que garantiza la transparencia y el acceso público a la información sobre decisiones que afectan al medio ambiente.
Encuentros y voces locales
En Estrasburgo las eurodiputadas se reunieron con Ruth Lipphardt, representante de SOS Suído Seixo, la plataforma vecinal opuesta a la mina, que ha aportado su visión sobre el impacto local. Desde esa orilla se insiste en que la aprobación sin explicación reduce la confianza pública y refuerza la protesta social contra proyectos que consideran dañinos para el territorio y la economía rural. El debate combina argumentos técnicos sobre la evaluación técnica y reivindicaciones ambientales y sociales.
Implicaciones políticas y legales
Las acusaciones llevan implícitas posibles consecuencias a distintos niveles: en la arena europea se cuestiona la transparencia del procedimiento, mientras que en Galicia se señala la responsabilidad de la Xunta y del PP por impulsar políticas extractivistas. Si se confirmaran irregularidades administrativas, podrían abrirse vías de impugnación o revisión de las decisiones, y aumentar la presión para revisar criterios aplicados bajo la ley de materias primas críticas.
Próximos pasos y expectativas
El BNG reclama que la Comisión publique la documentación completa relativa a las valoraciones y que convoque la reunión solicitada al amparo de la Convención de Aarhus. Además, exige que se explique el procedimiento por el que se pasó de una evaluación negativa en febrero de 2026 a una aprobación el 12 de marzo de 2026. Los movimientos políticos y vecinales permanecen alerta, y el caso de la Mina Doade se consolida como un punto de tensión entre desarrollo económico, soberanía de recursos y protección ambiental.
Mientras tanto, las autoridades comunitarias disponen de la oportunidad de despejar dudas públicas mostrando los criterios aplicados y la documentación de los procesos. Para las formaciones que denuncian la situación, la transparencia no es sólo una exigencia técnica, sino una condición para recuperar confianza en decisiones que afectan a comunidades locales y a políticas de gestión de recursos estratégicos.
