El auto del juez José Luis Calama expone peritajes, advertencias de auditoría y movimientos económicos que ponen en entredicho el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra
El auto del juez José Luis Calama describe una trama de hechos y documentos que ponen en tela de juicio el rescate de 53 millones de euros acordado por el Consejo de Ministros en marzo de 2026 a favor de la aerolínea Plus Ultra.
Según el instructor, la ayuda pudo contravenir la normativa europea que prohibía rescatar a empresas que ya estuvieran en situación de quiebra técnica antes del 31 de diciembre de 2019, un punto central en la disputa jurídica sobre la legalidad de la operación.
El juzgador repasa además el contenido de informes encargados por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid y advertencias de asesores externos como Deloitte. El perito designado, Pedro Martín Molina, concluyó que la aerolínea no cumplía los requisitos exigidos para recibir la ayuda. Mientras tanto, el auditor que firmó los balances, Jesús Ángel Carbajo, declaró ante la comisión del Senado que sus trabajos no coincidían con el peritaje y defendió sus auditorías sin formular salvedades.
Qué muestra el auto y los informes técnicos
El auto del juez recoge que la compañía habría estado «en causa de disolución» con indicios de insolvencia y falta de liquidez, circunstancias que, de confirmarse plenamente, habrían impedido la concesión del rescate bajo la regulación temporal aplicada durante la pandemia. En concreto, el peritaje encargado en junio de 2026 y elaborado por Pedro Martín Molina apunta a la existencia de un préstamo participativo, provisiones inadecuadas y riesgos que podrían reflejar una situación patrimonial distinta a la reportada oficialmente. Además, Deloitte había advertido el 26 de febrero de 2026 sobre dudas en la capacidad de la aerolínea para seguir operando y sobre problemas graves de caja.
Otro foco de controversia fueron las declaraciones galénicas aportadas por la compañía en su solicitud del 1 de septiembre de 2026, en las que aseguraba no tener deudas con la Seguridad Social. El auto apunta que existía una resolución estimatoria relativa a una deuda con la TGSS por 0,41 millones de euros y certificaciones fechadas el 20 de agosto de 2026 cuyo contenido y alcance son cuestionados. En paralelo, aparecen registros de comunicaciones telefónicas y reuniones —entre ellas una cita del 7 de septiembre de 2026 entre Zapatero y José Luis Escrivá— que el juez considera relevantes para entender los cauces por los que se tramitó la ayuda.
Indicios sobre el destino de los fondos y prácticas contables
El auto también describe pagos posteriores al rescate dirigidos a sociedades que, según el juez, no formaban parte de la operativa normal de la aerolínea. Entre las maniobras contables señaladas figuran el uso de un supuesto préstamo participativo vinculado al grupo panameño Panacorp —que obligaba a inmovilizar fondos en un banco en Dominica—, la aplicación de provisiones ajustadas y un canje de bonistas facilitado por el embargo de un avión. Para el magistrado, todas esas actuaciones habrían servido para maquillar los estados financieros y evitar que los fondos propios aparecieran en negativo.
Pagos hacia el entorno de Zapatero
En el auto se cuantifican presuntos beneficios dirigidos al entorno del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que el juez cifra en aproximadamente 1,9 millones de euros. El documento detalla transferencias procedentes de sociedades como Análisis Relevante, Gate Center y empresas del grupo Thinking Heads hacia cuentas vinculadas a Zapatero y a la mercantil Whathefav, asociada a sus hijas. Ejemplos concretos incluidos en el auto son pagos de 490.780 euros y 239.755 euros desde Análisis Relevante, 352.980 euros y 171.727 euros desde Gate Center, y 681.318 euros y 12.297 euros desde compañías vinculadas a Thinking Heads.
Operaciones internacionales y contratos
El juez subraya además la creación de al menos una sociedad en el extranjero, Landside Dubai Fzco (o Landside Middle East Fzco), participada por Idella Consulenza Strategica, con un plan de negocio y la firma de un contrato fechado el 19 de enero de 2026 para cobrar el 1% del préstamo —unos 530.000 euros. La proximidad temporal entre ese contrato y los trámites para constituir la sociedad (26 de enero de 2026) es citada por el magistrado como indicio sobre la posible finalidad de canalizar cobros fuera de España.
Declaraciones, defensa y perspectivas procesales
Ante la comisión del Senado, el auditor Jesús Ángel Carbajo rechazó conocer el informe pericial al que alude Calama y diferenció su labor de auditoría de los peritajes judiciales. El juez, en cambio, considera que los informes presentados por los asesores de SEPI fueron redactados para justificar la concesión del rescate, a pesar de las dudas advertidas por Deloitte. En el marco procesal, Zapatero figura citado a declarar el 2 de junio como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y falsedad documental, mientras la instrucción sigue acumulando pruebas y contrastes.
El caso plantea una disyuntiva entre la necesidad de proteger empresas estratégicas en un contexto excepcional y la obligación de respetar criterios legales y de transparencia en la gestión de fondos públicos. En este punto, el auto enfatiza indicios suficientes para investigar a fondo y exige que se aclare si la ayuda se concedió conforme a la ley o mediante mecanismos ajenos a los cauces formales, preservando siempre la presunción de inocencia de las personas investigadas.
