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Las agresiones al colectivo LGTBI han tenido un repunte peligroso. Los casos recientes en Madrid, Valencia, Barcelona y Galicia por nombrar aquellos que han tomado estado público obligan a un replanteo de la regulación de los delitos de odio en España.
También influye la aparición de expresiones o discursos de odio dentro del ámbito político a que proliferen los ataques en patota.
Por eso es importante resaltar lo que establece el artículo 510 del Código Penal, el cual determina las acciones o conductas que constituyen delito de odio, así como su sanción penal.
Los mismos se castigan con la pena básica de 1 a 4 años de prisión y de 6 a 12 meses de multa.
El delito de odio consiste en una infracción o acto penal motivado por prejuicios contra una o varias personas por el hecho de pertenecer a un determinado grupo social. Este delito atenta contra el ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizados por la Constitución.
Este delito es castigado penalmente para proteger los derechos fundamentales y la libertad de ciertos colectivos de personas que tradicionalmente han sido discriminados y se encuentran en desigualdad. El sujeto pasivo del delito puede ser por raza, ideología, creencia, religión, color de piel, idioma, nacionalidad, orientación sexual, una discapacidad física o intelectual, el género o la edad.
– Fomentar, promover o incitar directa o indirectamente odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.
– Producir, elaborar, poseer con la finalidad de distribuir, facilitan a terceras personas el acceso, distribuir, difundir o vender escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para provocar la conducta de odio o discriminación.
– Negar, trivializar gravemente o enaltecer los delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltecer a sus autores por los mismos motivos de odio o discriminación.
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