El exsecretario del PSOE y el secretario de Estado de Telecomunicaciones comparecen ante el juez por el caso Fontanera.
Este lunes, el juez Eduardo Zamarriego ha convocado a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y a Antonio Hernando, secretario de Estado de Telecomunicaciones, como testigos en el conocido como caso Fontanera. Esta investigación se centra en las actividades de la exconcejal socialista Leire Díez, quien está siendo investigada por supuestos encuentros con fiscales y empresarios en un intento de manipular investigaciones que afectan al PSOE.
El magistrado, que dirige el Juzgado de Instrucción Número 9 de Madrid, tomó esta decisión tras escuchar los testimonios de Díez y del empresario Javier Pérez Dolset, quien también está implicado en el caso. Durante su declaración, Díez mencionó haber tenido reuniones con Cerdán en la sede del partido, en la calle Ferraz, donde supuestamente se discutieron temas de interés para la obtención de información que pudiera comprometer investigaciones en curso.
Detalles de las reuniones y las acusaciones
Las reuniones en cuestión se llevaron a cabo en abril de y, según lo que expuso Díez, en al menos una ocasión estuvo acompañada por Dolset y la periodista Patricia López, quien actuó como intermediaria. El empresario Dolset, por su parte, relató que las sesiones en la sede del PSOE se desarrollaron en dos días consecutivos y que en una de ellas, Hernando estuvo presente.
Durante estas reuniones, Dolset entregó a los socialistas varios audios vinculados al caso Villarejo, un escándalo que ha afectado a diversos miembros del PSOE en los últimos años. A pesar de las acusaciones, Díez ha negado haber trabajado directamente para Ferraz y ha insistido en que su papel se limitaba a actividades periodísticas.
Investigaciones en curso y sus implicaciones
La investigación del juez se centra en determinar si Leire Díez encabezaba un esfuerzo delictivo y coordinado para recabar información perjudicial sobre altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y sobre fiscales que llevan casos de corrupción. La finalidad de estas maniobras sería la de obstaculizar o desacreditar las investigaciones que afectan a políticos y empresarios vinculados al PSOE.
Las declaraciones de Cerdán y Hernando son cruciales, especialmente para Cerdán, quien ya enfrenta otra causa penal por presuntamente mentir durante una Comisión de Investigación en el Senado en. En aquella ocasión, negó conocer al exasesor ministerial Koldo García, lo que ha puesto en entredicho su credibilidad. Su testimonio es esperado con gran atención, dado que ha estado bajo el escrutinio público desde su liberación tras cinco meses en prisión.
Reuniones clave y testimonios de la Fiscalía
La Fiscalía ha identificado al menos cuatro reuniones significativas en el contexto del caso Fontanera. La primera tuvo lugar el 25 de febrero en un despacho de abogados en Madrid, donde Díez intentó persuadir al empresario Alejandro Hamlyn a cambio de favores procesales para que le proporcionara información sobre el teniente coronel Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO.
Dos días después, el 27 de febrero, el periodista Pere Rusiñol se reunió con el fiscal José Grinda en el mercado de Barceló, donde ofreció ventajas económicas a cambio de datos que pudieran perjudicar al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, asegurando que Díez estaba detrás de esta operación.
Consecuencias y contexto político
La tercera reunión relevante ocurrió el 7 de mayo, cuando Díez y Dolset se encontraron con el fiscal Ignacio Stampa. Durante esta cita, supuestamente en nombre del gobierno, ofrecieron compensaciones relacionadas con litigios pendientes que afectan la situación de Stampa en la Fiscalía Anticorrupción. Su objetivo era descubrir irregularidades en informes policiales y acciones de fiscales anticorrupción.
Estos encuentros se producen en un contexto de creciente preocupación sobre la corrupción dentro del PSOE y la forma en que se manejan las relaciones entre el partido y las instituciones judiciales. La implicación de Cerdán y Hernando en esta investigación podría tener repercusiones significativas para el partido y sus líderes, especialmente en un periodo en el que la credibilidad del gobierno está en juego.
