El PSOE presenta un plan para controlar los precios de alquiler y la compra de vivienda.
Temas cubiertos
Introducción a la propuesta del PSOE
El PSOE ha dado un paso significativo en la regulación del mercado de la vivienda en España, presentando una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Esta iniciativa busca abordar la creciente preocupación por el aumento de los precios de alquiler y la compra de viviendas, especialmente en las grandes ciudades.
La propuesta incluye un conjunto de medidas fiscales que, de ser aprobadas, podrían transformar el panorama inmobiliario del país.
Nuevos impuestos para extranjeros y viviendas turísticas
Una de las medidas más destacadas de la propuesta es la implementación de un nuevo impuesto dirigido a los extranjeros que compren propiedades en España.
Este impuesto tiene como objetivo frenar la especulación inmobiliaria y garantizar que los residentes locales tengan acceso a viviendas asequibles. Además, se plantea un IVA del 21% para las viviendas turísticas, una medida que busca controlar la proliferación de alojamientos turísticos que afectan la disponibilidad de alquileres tradicionales.
Impacto en las socimis y la vivienda vacía
La propuesta también contempla cambios significativos en la tributación de las socimis, que pasarían de tributar al 15% al 25%, salvo en el caso de aquellas que gestionen viviendas destinadas al alquiler asequible. Esta medida busca incentivar a las empresas a ofrecer precios más accesibles en el mercado de alquiler. Asimismo, se plantea una subida de la tributación para las viviendas vacías, con el fin de motivar a los propietarios a poner sus inmuebles en el mercado.
Bonificaciones y deducciones fiscales
El PSOE también propone extender las bonificaciones del rendimiento neto de alquiler en el IRPF a zonas no tensionadas, permitiendo a los propietarios acceder a una bonificación de hasta el 100% si alquilan por debajo del precio de referencia establecido por el Ministerio de Vivienda. Además, se prevé la ampliación de las deducciones fiscales por obras de rehabilitación energética hasta el 2025, lo que podría suponer un ahorro significativo para los propietarios que deseen mejorar la eficiencia energética de sus viviendas.
Por último, la propuesta incluye la modificación de la ley de contratos del sector público para fomentar la construcción de vivienda social a través de la colaboración público-privada. Esta medida busca facilitar la promoción de viviendas a precios asequibles en terrenos de titularidad pública, con un plazo máximo de 80 años para los contratos. Esta iniciativa podría ser clave para abordar la crisis de vivienda que enfrenta el país.
