Almería y Ceuta revelan cómo los números oficiales pueden ocultar realidades muy distintas en la cancha y en la política social.
En la última ronda de comunicaciones de LaLiga, el límite de coste de plantilla deportiva (LCPD) dejó al Almería como titular del valor más bajo entre los equipos de Primera y Segunda: apenas 3,975 millones de euros. A primera vista, ese número parece indicar una escuadra económica y poco competitiva, pero la situación real del club pinta otro cuadro.
Durante la temporada en la máxima categoría, el conjunto andaluz firmó contratos de largo plazo con salarios y cláusulas propias de un club que pretendía permanecer en la élite. Cuando descendió, los ingresos se redujeron drásticamente, pero los compromisos contractuales se mantuvieron.
El LCPD no es un tope salarial puro incluye salarios, primas, cotizaciones a la Seguridad Social, amortizaciones de fichajes, comisiones, sueldos del cuerpo técnico y algunos gastos del filial. Por eso, la plantilla del Almería tiene un valor de mercado que solo supera al del Girona, según Transfermarkt, pese a estar bajo el límite oficial.
Cómo el Almería ajusta su presupuesto al LCPD
Para alinearse con el límite impuesto, el club ha tenido que operar en el mercado con una estrategia de venta de activos y contratación de jugadores de bajo coste. Operaciones de cesión, fichajes de agentes libres y acuerdos con cláusulas de gasto controlado permiten reducir la carga salarial sin romper los contratos vigentes. Además, los traspasos se amortizan a lo largo de la duración del contrato, de modo que una compra de 15 millones en cinco años representa solo tres millones anuales en la cuenta del LCPD, a los que se suman salarios y demás conceptos.
El resultado es un club que, aunque figura como el último en la tabla del LCPD, conserva una plantilla capaz de contender por el ascenso. El margen restante del límite le permite, en caso de ser necesario, incorporar refuerzos en la ventana de enero sin superar la normativa financiera de LaLiga.
Ceuta impulsa programas sociales y de empleo con más de 5 millones de euros
En paralelo, el Consejo de Gobierno de Ceuta aprobó este miércoles una partida de 3,46 millones de euros destinada a subvenciones para entidades del tercer sector que desarrollen programas de interés general con fines sociales. El fondo proviene de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y del Impuesto de Sociedades de la ciudad y se asignará mediante concurso competitivo.
Dentro del mismo paquete, 2 millones de euros aportados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 financiarán acciones de asistencia social durante 2026. Además, se destinan 325.762,57 euros a la Escuela de Construcción de Loma Margarita para ejecutar, en 2027 y 2028, ocho cursos anuales en áreas como albañilería, electricidad, fontanería y climatización, creando 240 plazas de formación.
Una partida adicional de 168.750,83 euros cubrirá materiales y vestuario para las convocatorias posteriores de la escuela, con un cofinanciamiento del 85 % del Fondo Social Europeo Plus y un 15 % aportado por la propia Ciudad Autónoma. Estas inversiones buscan mejorar la cualificación de personas en riesgo de exclusión sociolaboral y facilitar su inserción en el mercado de trabajo.
Finalmente, el área de Urbanismo y Transporte ordenó la demolición de obras construidas sin licencia en un inmueble municipal, mientras que se aprobó la licencia de implantación para un local en la calle Teniente Muñoz Castellano, siguiendo la normativa de actividades nocivas. Estas decisiones completan un paquete de acciones que combina control financiero en el deporte y gestión directa de recursos sociales en la esfera pública.
