Sánchez enfrenta preguntas sobre Ceuta y el desalojo se pospone.
El miércoles 16 de septiembre el Congreso de los Diputados abrió una jornada de control al Ejecutivo marcada por la reciente invasión de Ceuta. La presión política se concentró en la figura del presidente Pedro Sánchez quien tuvo que responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a los interrogatorios de varios ministros sobre la afluencia masiva de inmigrantes y la presencia de entre 700 y 1.000 menores no acompañados en las calles de la ciudad autónoma.
Durante el receso, Sánchez, al ser preguntado por la cantidad de menas que aún permanecían en la vía pública, remitió la responsabilidad al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, con la frase «Eso a Vivas, pregúntele». La respuesta provocó la condena del PP, que calificó al mandatario de «amoral» y «sinvergüenza».
A la misma hora, el portavoz del Gobierno de Ceuta anunció un requerimiento formal al Estado para obtener datos sobre la tramitación de los expedientes de asilo, alegando una «falta de información» que obstaculiza la gestión de la crisis.
Sesión de control al Gobierno y el interrogatorio a Sánchez
En el pleno, Feijóo centró sus preguntas en los efectos diplomáticos de la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos, señalando que la imagen internacional de España se había visto deteriorada. Además, exigió al presidente que explicara por qué se había dejado que cientos de menores permanecieran a la intemperie, una situación que según los propios datos de la administración autonómica de Andalucía habría de resolverse de forma inmediata. La vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, recordó a los ministros Marlaska y Albares sus promesas de que «todos los que habían entrado de forma ilegal tienen que salir de Ceuta», y presionó para que se cumplieran esas afirmaciones.
En un momento de tensión, Sánchez intentó desviar la responsabilidad al presidente local, mientras que el portavoz del Gobierno, Alejandro Ramírez, defendió la necesidad de esperar la conclusión de los procesos de asilo antes de tomar decisiones de devolución masiva. La cuestión quedó abierta para una futura comparecencia del propio Juan Jesús Vivas, citada por la juez que investiga la invasión para el 30 de septiembre, junto al exdelegado Gonzalo Sanz, cuyo testimonio cobra especial relevancia tras su dimisión y acusaciones de mentir sobre el operativo.
Protestas de los menas y la decisión sobre la playa del Trampolín
En la tarde, la playa del Trampolín se convirtió en escenario de una manifestación de alrededor de un centenar de menores que exigían ser trasladados a la península. Con banderas españolas y pancartas donde le pedían «¡Viva Pedro, viva España!», los jóvenes dirigieron sus reclamos directamente al presidente del Gobierno, pidiendo protección y una salida digna. El acto coincidió con la noticia de que el desalojo de la zona costera fue aplazado, decisión que se interpretó como una medida para evitar nuevos enfrentamientos y permitir la búsqueda de soluciones a medio plazo.
Mientras tanto, el Parlamento Europeo emitió una declaración firme, calificando la oleada de inmigrantes como un acto de «guerra híbrida» y exigiendo una investigación independiente que esclarezca quién planificó la entrada de cerca de 80.000 personas. La Eurocámara también recordó el pedido de Marruecos de que se devuelvan a los menores que ingresaron de manera irregular, alineándose con la posición del Ministerio de Política Territorial, cuyo responsable, Ángel Víctor Torres, informó que 5.603 migrantes habían retornado a Marruecos por voluntad propia y que 2.140 menores estaban siendo evaluados para posible reagrupación familiar.
Otros episodios políticos vinculados a la crisis de Ceuta
Paralelamente a la discusión sobre la frontera, la Audiencia Nacional de Badajoz confirmó que David Sánchez, hermano del presidente, y el exdiputado Miguel Ángel Gallardo permanecerán inhabilitados para ocupar cargos públicos durante los próximos 9 y 18 años respectivamente, tras ser condenados por prevaricación y otros delitos. El fallo refuerza la sensación de que la gestión de la crisis migratoria está siendo acompañada por una serie de escándalos que minan la credibilidad del Gobierno.
En el ámbito educativo, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó que nueve estudiantes de Ceuta trasladaron sus expedientes a la Universidad de Castilla-La Mancha para continuar sus estudios, una decisión motivada por la inestabilidad provocada por la invasión. Además, la Fiscalía recurrió el tercer grado concedido a Henri Parot, recordando la gravedad de sus delitos vinculados a ETA y solicitando la suspensión del beneficio mientras se resuelve el recurso.
El conjunto de acontecimientos muestra una España cuya escena política está atravesada por la presión de Ceuta, la disputa sobre la gestión de menores no acompañados y la necesidad de responder tanto a reclamos internos como a exigencias internacionales. La postura del Gobierno, la reacción de la oposición y la intervención de instituciones europeas conforman un cruce de intereses que, de momento, ha derivado en la aplazamiento del desalojo del Trampolín y en la promesa de una investigación más profunda sobre los responsables de la crisis.
