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Aprobada la Ley de Convivencia Universitaria en el Congreso, normativa que pone fin al decreto de 1954 y que permite sancionar el plagio, las novatadas o los escraches.
El Congreso de los Diputados, en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, ha aprobado la Ley de Convivencia Universitaria.
Con la nueva ley, los centros de enseñanza superior tendrán una herramienta actualizada para sancionar el plagio, las novatadas, las trampas en un examen o los escraches.
Tras su tramitación y aprobación en el Congreso, el proyecto de Ley de Convivencia Universitaria deberá continuar su tramitación en el Senado.
Esta nueva norma deroga el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional que permanecía vigente respecto del estudiantado.
La nueva Ley se adapta al ordenamiento constitucional vigente y sienta las bases para reformular el marco de convivencia universitaria haciendo énfasis en el ejercicio de las libertades y los derechos fundamentales y garantizando la igualdad para un posterior desarrollo por las Comunidades Autónomas y las propias universidades.
Ahora, todas las universidades están obligadas a tener normas de convivencia, que incorporen mecanismos de mediación como vía preferente para la resolución de los conflictos, así como medidas de prevención y respuesta frente a la violencia, la discriminación o el acoso.
Además, las universidades deberán crear una Comisión de Convivencia, que tendrá que ser paritaria y estará constituida por representantes del estudiantado, del personal docente e investigador, y del personal de administración y servicios.
La ley define un nuevo sistema de faltas y sanciones para el estudiantado, con las máximas garantías y la posibilidad de sustituir las sanciones, en determinados casos, por medidas de carácter educativo o recuperador, poniendo así el acento en los valores propios del ámbito universitario.
Esta Ley instaura un nuevo marco para la convivencia universitaria, en consonancia con los principios democráticos, y el ejercicio pleno de los derechos fundamentales y libertades básicas, entre ellas la de manifestación, reunión, asociación y huelga, del conjunto de estamentos de la comunidad universitaria.
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