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La Fiscalía pide 6 años de cárcel para Laura Borràs. Además solicita la inhabilitación por 21 años de la presidenta del Parlament y de Junts per Catalunya.
Seis años de cárcel más 21 años de inhabilitación para cargo público y 144.000 euros de multa para la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Todo ello por un delito continuado de prevaricación y otro de falsedad en documento público con el agravante de prevalecerse de su índole pública.
Le acusan de adjudicar directamente y de forma irregular a un amigo suyo informático 18 contratos menores cuando ella dirigía la Institución de las Letras Catalanas por valor de más de 300.000 euros.
Sin embargo, no acusan a Borràs de malversación de fondos públicos porque no ven probado que pagara un sobreprecio por los trabajos realizados. Al informático le pide la misma pena de prisión y de inhabilitación y la mitad de multa, 72.000 euros. En una entrevista en SER Catalunya, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, reiteraba la posición de su partido respecto a este caso, antes de conocer la posición de la fiscalía. «Debería valorar dar un paso al lado», «si Laura Borràs fuera de Esquerra Republicana, ya se le habría pedido y ya habría dado un paso al lado», ha añadido.
Las adjudicaciones tuvieron lugar «directa o indirectamente a través de otras personas físicas o jurídicas interpuestas, con el propósito de vulnerar los principios de transparencia y concurrencia pública previstos legalmente. Siendo perfectamente conscientes de que con su manera de actuar infringían abiertamente el cumplimiento de la normativa en materia de contratación administrativa e impedían de esta forma que la gestión del servicio pudiera ser adjudicada a otra persona». Así, Herrero terminó por llevarse 18 contratos por servicios informáticos cuyo importe total ascendió a 277.438,17 euros. Esto son 335.700,29 euros con IVA.
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