El decreto que prolongaba contratos y limitaba subidas fue rechazado por la mayoría del hemiciclo; Sumar y el Ejecutivo prometen nuevas iniciativas para blindar el derecho a la vivienda
El 28.04.2026 el Congreso dejó sin efecto el decreto de prórroga de alquileres que proponía, entre otras medidas, prorrogar por dos años contratos que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitar las actualizaciones de renta al 2% anual.
La propuesta, impulsada por Sumar, no obtuvo los apoyos necesarios: el resultado parlamentario fue de 166 votos a favor, 177 en contra y 6 abstenciones. Los votos negativos de PP, Vox y Junts, junto con la abstención del PNV, decidieron la suerte del texto.
En el hemiciclo, el debate se tornó tenso y simbólico: el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, defendió la propuesta apelando al artículo 47 de la Constitución y al derecho a la vivienda; sin embargo, tanto los portavoces de la oposición como varios socios del Gobierno expresaron dudas de distinto signo sobre la técnica normativa y el alcance de la norma. Tras conocerse la votación, el Ejecutivo anunció que buscará fórmulas para volver a presentar la medida y no descartó traerla de nuevo al Consejo de Ministros.
Los motivos del rechazo y las posiciones de los partidos
Los grupos que votaron en contra esgrimieron argumentos diversos. PP y Vox apelaron a la inseguridad jurídica y a los efectos negativos que, según ellos, tendría sobre la oferta de vivienda, mediante una mayor retirada de inmuebles del mercado. Junts calificó el decreto de operación mediática y criticó la falta de medidas adicionales que, a su juicio, habrían contribuido a una solución integral, como deducciones fiscales para arrendatarios o una simplificación administrativa para la promoción de vivienda pública. El PNV, por su parte, optó por la abstención y expresó reservas sobre la seguridad jurídica que el texto dejaba a inquilinos y propietarios.
Reacciones desde la izquierda y la respuesta del Gobierno
Las fuerzas de izquierdas, entre ellas Sumar, Esquerra, Podemos y Bildu, criticaron con dureza a los partidos que tumbaron la norma y exigieron al PSOE que reitere el trámite para llevar la prórroga otra vez al Congreso. En la tribuna, el portavoz de Sumar aseguró que la norma se traería «las veces que haga falta» hasta que se aprobara, y representantes como Gabriel Rufián y Ione Belarra pidieron que se mantenga la iniciativa de forma continuada para proteger a los inquilinos. Oskar Matute recordó incluso el contexto internacional y económico para subrayar la necesidad de medidas de protección.
La defensa técnica del Ejecutivo
El ministro Bustinduy defendió que el decreto reforzaba el derecho a la vivienda y que la prórroga automática había sido aplicada en ocasiones anteriores, por lo que su invalidación dejaría a millones de personas sin una red de protección. Denunció, además, campañas de desinformación que habrían intimidado a inquilinos y censuró la influencia de intereses económicos contrarios a la intervención pública. El mensaje del Ejecutivo fue claro: no se resignarán y explorarán vías para presentar de nuevo las mismas medidas.
Críticas, advertencias y movilización ciudadana
Desde el PP, el diputado señalado en el debate calificó la iniciativa de «pastiche ideológico» y advirtió sobre una menor oferta de viviendas si se aplica más regulación. Vox, por su lado, admitió que el decreto podría beneficiar a arrendatarios concretos pero sostuvo que la norma solo posponía el problema y dañaría la confianza de los propietarios. En paralelo, la Confederación de Sindicatos de Inquilinas anunció una «primavera de movilizaciones» para exigir una nueva prórroga, y en las gradas del Congreso se produjeron protestas que terminaron con la expulsión de dos invitados tras la votación.
Críticas desde socios y aliados del Gobierno
Miembros de partidos que suelen apoyar al Ejecutivo, como representantes de Compromís y de plataformas aliadas, mostraron su malestar por la ausencia de ministros clave en el debate y por la sensación de que no se había negociado a fondo. Demandaron más presencia del Ministerio de Vivienda y reprocharon la gestión comunicativa tras la caída del decreto, reclamando un mayor empuje político en defensa de las medidas anunciadas.
¿Qué sigue ahora?
Con la norma derogada, el Gobierno baraja distintas alternativas: volver a presentar el decreto en el Consejo de Ministros, buscar mejoras técnicas para mayor seguridad jurídica o negociar fórmulas parlamentarias que garanticen apoyo suficiente. Mientras tanto, la discusión política y social continúa abierta y la protección de los inquilinos permanece en el centro del debate público, en un escenario donde las cifras, los plazos y las interpretaciones jurídicas condicionan las opciones que se abran en las próximas semanas.
