El ministro de Transportes, Óscar Puente, critica la medida de la Comunidad de Madrid sobre empadronamiento para el transporte público, pero en Valladolid aplicó políticas similares.
La reciente polémica sobre el requisito de empadronamiento para acceder a beneficios en el transporte público en la Comunidad de Madrid ha desatado un intenso debate político. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha sido uno de los críticos más feroces de esta medida, calificándola de regresiva y discriminatoria.
Sin embargo, un análisis más profundo revela que, durante su mandato como alcalde de Valladolid, Puente implementó políticas similares, generando un interesante contraste en su postura actual.
El pasado viernes, Puente criticó duramente la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de exigir el empadronamiento para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (TTP).
Según el ministro, esta medida desincentiva el uso del transporte público y reconoce la incapacidad del gobierno regional para dimensionar adecuadamente el servicio. Sin embargo, durante su gestión en Valladolid, el ayuntamiento también aplicó requisitos de empadronamiento para ciertas bonificaciones, como los viajes gratuitos en autobús para menores de 15 años.
El caso de Valladolid: bonificaciones con requisitos de empadronamiento
En octubre de 2015, al inicio de su primer mandato como alcalde de Valladolid, Puente anunció la implementación de la Tarjeta Bono Infantilque permitía a los menores de 12 años viajar gratis en los autobuses de AUVASA, la empresa pública de transporte de la ciudad. Esta medida beneficiaba a aproximadamente 20.000 niños empadronados en Valladolid. Cuatro años más tarde, en 2026, la ciudad amplió los potenciales beneficiarios hasta los 15 años, manteniendo el requisito de empadronamiento para acceder a los viajes gratuitos.
No era algo aislado. Cuando el ayuntamiento anunció bonificaciones en el transporte para familias numerosas y personas con discapacidad, también recordó el requisito de empadronamiento. En 2026, el equipo de Gobierno publicó que se mantendría este criteriocircunstancia que sería verificada por AUVASA de modo previo a la autorización de la solicitud. Álvaro Fernández de Heredia, ahora presidente de Renfe, ejercía en ese momento como gerente de la compañía vallisoletana.
Críticas y controversias: el doble estándar de Puente
Puente ha cargado con dureza contra la medida de Ayuso, publicando en su cuenta de X (antes Twitter) que es una medida regresiva que desincentiva el uso del transporte público. Sus palabras se alinean con la oposición del PSOE y Más Madrid en la región, que hablan de políticas discriminatorias y excluyentes porque los cambios en los requisitos afectan a la población inmigrante. Sin embargo, la ironía no ha pasado desapercibida: durante su mandato en Valladolid, Puente aplicó políticas similares.
Renfe, dependiente del Ministerio de Transportes, también entró en la polémica este lunes, acusando al Ejecutivo de Ayuso de generar desigualdades y segregación. La empresa pública calificó los planes de la Comunidad de Madrid como injustificablesargumentando que van en contra del objetivo de reducir el uso del coche. Sin embargo, es importante recordar que Heredia, ahora al frente de Renfe, también implantó este requisito en Valladolid.
La respuesta de la Comunidad de Madrid
La Comunidad de Madrid, a través del Consorcio Regional de Transportes, exige desde este lunes el empadronamiento para obtener la TTP, que está subvencionada por el Gobierno autonómico. Las únicas excepciones serán las zonas limítrofes de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Ayuso anunció que impulsará acuerdos con otros territorios para incluir a los estudiantes no empadronados en Madrid.
«Del mismo modo que tenemos convenio con otras regiones, como por ejemplo Castilla-La Mancha, vamos a promover otros acuerdos con el resto de regiones para que, por ejemplo, los jóvenes universitarios y los demás estudiantes en Madrid puedan acogerse al abono joven y la subvención que conlleva», explicó la presidenta autonómica. Ayuso recordó que la medida estaba prevista en la ley desde 2011, aunque no se había aplicado.
«El contribuyente madrileño sufraga con sus impuestos el 90% del transporte público, lo utilice o no lo utilice. Además, hay que seguir modernizándolo, ampliándolo y las nóminas de los trabajadores y el servicio de uno de los mejores transportes públicos del mundo hay que pagarlos», añadió durante un desayuno informativo.
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