Donald Trump está listo para imponer nuevos aranceles a productos de 60 países, incluyendo a la UE y varios países asiáticos, bajo una nueva justificación legal que podría intensificar la guerra comercial.
El presidente de estados unidos, Donald Trump está a punto de desencadenar una nueva ola de aranceles comerciales que afectará a 60 países. La medida, que entrará en vigor el próximo viernes, marca un giro en la estrategia proteccionista de la administración estadounidense, que busca ahora ampararse en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
Esta nueva estrategia surge tras la caducidad de los aranceles provisionales del 10% impuestos bajo la Sección 122 de la misma ley, los cuales fueron anulados por el Tribunal Supremo en febrero pasado. La Sección 122 permitía imponer restricciones comerciales por problemas en la balanza de pagos o depreciación del dólar, pero solo por 150 días plazo que concluye a finales de esta semana.
Nueva base legal para aranceles más duraderos
La administración Trump ha optado por la Sección 301 que permite tomar represalias contra países que incumplen acuerdos comerciales o actúan de manera discriminatoria contra el comercio estadounidense. Según la Oficina del Representante Comercial (USTR), los países afectados promueven o permiten el trabajo forzoso lo que justificaría la imposición de gravámenes a las mercancías vinculadas a estas prácticas.
Entre los países afectados se encuentran varios asiáticos, como ChinaTailandia y Malasia donde históricamente se han documentado casos de trata y servidumbre por deudas. También se incluyen 14 países de la Unión Europea a los que se acusaría de no prohibir de manera efectiva la importación de bienes fabricados con trabajo forzoso. A los europeos se les aplicaría un recargo del 10% mientras que al resto de países el gravamen sería del 12,5%.
Impacto y posibles respuestas
Estos nuevos aranceles, a diferencia de los anteriores, no tienen un plazo máximo de aplicación y pueden renovarse indefinidamente. Además, no tienen un tope máximo, lo que los hace potencialmente más letales. El representante de Comercio, Jamieson Greer ha declarado que «esperamos que haya novedades pronto«.
Los países afectados tienen pocas opciones para responder. No pueden recurrir directamente ante los tribunales estadounidenses ni exigir la anulación de los aranceles. Su única alternativa sería presentar alegaciones en la investigación de la USTR o recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) aunque EE.UU. ya ha manifestado que no acata los fallos de este organismo.
La UE acaba de aprobar un acuerdo comercial con EE.UU. que prevé un techo arancelario del 15%. Sin embargo, la entrada en vigor de este nuevo arancel podría complicar el pacto, ya que no está claro si el 10% adicional se sumaría al 15% existente.
Tensión comercial a pocas semanas de las elecciones
El recrudecimiento de la política comercial estadounidense se produce a pocas semanas de las elecciones de medio mandato después del verano. Ayer, Trump anunció un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá por un valor de casi 20.000 millones de dólares. Estos gravámenes entrarán en vigor dentro de treinta días y excluyen productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.
Trump justifica esta medida bajo la Sección 338 de la Ley Arancelaria de 1930 una norma de la Gran Depresión que había caído en desuso. Washington alega discriminación persistente por parte de Canadá hacia productos estadounidenses, destacando las cuotas al sector lácteo y las restricciones a las bebidas alcohólicas de EE.UU.
Mientras tanto, un grupo de 25 legisladores republicanos ha escrito a Trump para instarle a actuar contra las normas tecnológicas europeas, considerándolas injustas para las grandes tecnológicas estadounidenses. En una carta vista por Reuters, los legisladores se centraron en la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea destinada a limitar el poder de empresas como AmazonAppleGoogle y Meta Platforms.
La Comisión Europea afirma que sus normas no están dirigidas contra ningún país y buscan garantizar unas condiciones de competencia equitativas. Sin embargo, los legisladores estadounidenses ven estas políticas como una herramienta de coerción regulatoria contra las empresas de su país.
