El exministro José Luis Ábalos niega haber intervenido en la contratación de mascarillas y rebate las pruebas que la acusación presenta para probar una supuesta organización criminal
El proceso por el denominado caso mascarillas llega a su fase decisiva en el Tribunal Supremo. En la sesión más reciente, el exministro José Luis Ábalos ha respondido al interrogatorio del fiscal que solicita penas que suman décadas de prisión por delitos como organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.
En su intervención, Ábalos ha rechazado la versión de los hechos que figura en la acusación y ha subrayado que no participó en la selección ni en la contratación de empresas suministradoras.
La defensa del exministro y las claves de su declaración
Ante las preguntas del ministerio fiscal, el exministro ha negado haber proporcionado el nombre de la sociedad vinculada a Víctor de Aldama y ha rechazado haber intercedido para que se contratara a su expareja, Jéssica Rodríguez. Ábalos también ha sugerido que las manifestaciones de personas cercanas a la causa podrían estar condicionadas o coaccionadas, término que ha utilizado para poner en duda la fiabilidad de ciertos testimonios. Tras su declaración seguirán la aportación de la prueba documental y los informes finales de las partes, con la previsión de que la vista pueda quedar vista para sentencia en los próximos trámites.
Testimonios de la UCO: pagos, inmuebles y comunicaciones
Durante la instrucción y en la sala, miembros de la UCO han explicado cómo, a su juicio, operaba la supuesta estructura. El teniente coronel y otro mando han afirmado que el empresario al que se denomina Aldama habría pagado gastos vinculados a la vivienda donde vivía la expareja del acusado, y que esos desembolsos se canalizaban a través de terceros, como Luis Alberto Escolano. Para los investigadores, esos pagos formaban parte de una estrategia para asegurarse el acceso y la influencia sobre decisiones públicas; una versión que sitúa a Ábalos en la posición de quien tomaba decisiones de adjudicación o, al menos, de quien era consultado en fases críticas.
El papel de los intermediarios
Según la UCO, existía una división de funciones: Aldama aportaría recursos y presiones, el exministro tendría la capacidad de decidir o encauzar contrataciones y otros acusados ejecutarían las órdenes. Los investigadores han subrayado mensajes y correos que, a su entender, muestran cómo se recurría al ministro cuando surgían dificultades, lo que para ellos evidencia una dependencia de organismos como Puertos del Estado respecto del ministerio correspondiente. En ese contexto, aparece la figura de Koldo García como ejecutor y la de Escolano como pagador por cuenta del empresario.
Activos, movimientos en efectivo y lenguaje en clave
La investigación patrimonial ha puesto sobre la mesa incrementos inusuales en ingresos en efectivo de personas vinculadas a la trama, destacando un pico en consignaciones de efectivo que llamó la atención de los agentes. En paralelo, los investigadores han señalado una tendencia al alza en disposiciones de efectivo vinculadas al entorno del exministro. Los peritos han planteado la posibilidad de una fuente de ingresos en metálico de origen desconocido, a raíz de patrones de extracción que no coincidirían con los ingresos declarados.
Bienes inmobiliarios y permisos administrativos
Otros episodios reseñados en el sumario incluyen la compra de un chalet en la costa y reuniones relacionadas con licencias para operadores de hidrocarburos, elementos que los investigadores consideran relevantes porque coinciden en el tiempo con gestiones administrativas promovidas por miembros del grupo. Los mandos de la investigación han apuntado que la adquisición de inmuebles pudo actuar como mecanismo de influencia o recompensa en el entramado que describen.
Prueba documental, lenguaje codificado y próximos pasos
En el proceso también han cobrado importancia expresiones en clave que, según la Guardia Civil, se referían al manejo de billetes de alta denominación; una capitana sostuvo que términos concretos aludían a pagos en efectivo. La fiscalía ha integrado estos elementos en su relato acusatorio, que ahora enfrenta a los alegatos de la defensa. Tras concluir el interrogatorio al último acusado, la sala examinará la documentación aportada y escuchará los informes definitivos de las partes antes de que la causa pase a deliberación.
Expectativas procesales
La vista ha acumulado testimonios que ofrecen versiones contrapuestas: la fiscalía plantea un esquema coordinado de corrupción y la defensa sostiene que la causa ha sido sobredimensionada por el foco mediático y por interpretaciones erróneas de comunicaciones comerciales y contactos administrativos. Ahora corresponde al tribunal valorar la prueba, incluida la documentación y las declaraciones de la UCO, y decidir si los indicios existentes son suficientes para una condena penal.
