La constitución de la Comisión de la Verdad abre la posibilidad de que se investiguen las violaciones de derechos humanos en el Sáhara Occidental, una reclamación prolongada por asociaciones saharauis y colectivos de memoria
La formación de la Comisión de la Verdad, anunciada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática a finales de marzo y constituida semanas después, ha reactivado una exigencia histórica: investigar los abusos cometidos en el Sáhara Occidental durante la dictadura y la guerra civil.
Organizaciones como la CEAS-Sáhara y la AFAPREDESA han reclamado con insistencia que esos hechos formen parte del mandato del órgano presidido por Baltasar Garzón, porque consideran que hay víctimas que no han recibido ni verdad ni reparación y siguen excluidas de las políticas de memoria.
El llamamiento de las asociaciones se apoya en un documento extenso elaborado por Abdeslam Aomar Lahsen, que recoge relatos, cifras y patrones represivos que afectan a la población saharaui. Ese informe afirma hechos graves: bombardeos con napalm y fósforo blanco, cientos de desapariciones forzadas, detenciones masivas desde noviembre de 1975 y la desaparición de figuras clave como Mohamed Basiri, detenido la madrugada del 18 de junio de 1970. Para las organizaciones, la responsabilidad no puede eludirse por la condición colonial del territorio ni por los vacíos de la Ley de Memoria Democrática.
Por qué la inclusión del Sáhara Occidental importa
Incorporar al Sáhara Occidental en la investigación no es solo un gesto simbólico: responde a principios jurídicos y a una deuda ética con las víctimas. Las organizaciones sostienen que muchas violaciones se cometieron mientras el territorio era administrado por España y que, como potencia administradora de iure, el Estado tiene obligaciones internacionales pendientes. Además, la represión saharaui adquirió rasgos diferenciales por su carácter colonial y por la persecución a motivaciones nacionalistas, políticas y culturales, lo que amplía el catálogo de agravios que la Comisión debería examinar para ofrecer reparación efectiva y recomendaciones de no repetición.
Argumentos legales y morales
En el dossier presentado por entidades saharauis se recogen no solo testimonios, sino también un marco que combina derecho internacional y memoria histórica. Se documentan prácticas sistemáticas descritas como allanamientos de morada, detenciones masivas y centros clandestinos de detención y tortura que desembocaron en la desaparición de 445 personas, según el informe. Estas denuncias buscan que la Comisión de la Verdad reconozca las desapariciones forzadas y las incluya en su informe final, pues solo así podrían proponerse medidas concretas de verdad, justicia y reparación para las familias afectadas.
Violaciones documentadas y diferencias con el territorio peninsular
El informe titulado «Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo» detalla episodios específicos: bombardeos contra población civil por la aviación marroquí durante el periodo de administración tripartita tras los Acuerdos de Madrid, con el uso de napalm y fósforo blanco, que provocaron 62 muertos y 49 heridos; además de la desaparición de centenares de personas en años posteriores. También se recuerda la detención y probable fusilamiento del líder Mohamed Basiri dentro del periodo de dominio español, un suceso que evidencia la continuidad y complejidad de la represión.
Rasgos distintivos del caso saharaui
Entre las diferencias que subrayan las organizaciones está el carácter colonial del Sáhara Occidental y el surgimiento de un movimiento de descolonización que exigía autodeterminación. Estas singularidades implican que las víctimas saharauis sufrieron agravios marcados por identidad, lengua y condición territorial, elementos que, según sus representantes, han sido sistemáticamente excluidos de las políticas de memoria. El precedente del Patronato de Protección de la Mujer, cuya situación fue reconocida después por una subcomisión, se cita como ejemplo de que la inclusión es posible si la Comisión asume un enfoque amplio y reparador.
Retos pendientes y expectativas sobre el informe
La Comisión de la Verdad, presidida por Baltasar Garzón e integrada por diez expertos de reconocido prestigio, tiene el mandato de producir conclusiones y recomendaciones orientadas a la reparación y a la garantía de no repetición. Para las más de cien asociaciones, sindicatos y partidos que han pedido la inclusión del Sáhara Occidental, el reto es que ese informe deje de lado exclusiones formales y reconozca la pluralidad de víctimas. Solo así podría cerrarse una brecha que, según los reclamantes, mantiene viva la impunidad y la desmemoria.
En definitiva, queda por ver si la constitución formal de la comisión supondrá un giro real en la atención a las víctimas saharauis. La expectativa es que el trabajo prospectivo del órgano permita visibilizar hechos como los bombardeos, las detenciones masivas desde noviembre de 1975 y las 445 desapariciones señaladas, y que traduzca la denuncia en medidas concretas de verdad, justicia y reparación para quienes aún esperan respuestas.
