Cambio de postura del gobierno estadounidense amenaza décadas de progreso en derechos de discapacidad

El gobierno estadounidense ha cambiado su postura sobre los derechos de integración comunitaria para personas con discapacidad, poniendo en riesgo avances logrados en las últimas décadas

En un movimiento que ha generado preocupación entre defensores de los derechos de las personas con discapacidad, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido un memo que cuestiona décadas de protección legal para la vida comunitaria. Este cambio de postura, contenido en una opinión del Office of Legal Counselargumenta que los estados no están obligados a proporcionar servicios de apoyo en el hogar o en la comunidad a personas con discapacidades.

La opinión legal, firmada por Lanora Pettitprincipal deputy assistant attorney general, representa un giro significativo en la interpretación de la ley federal, especialmente en lo que respecta a la decisión de la Corte Suprema en el caso Olmstead v. L.C.

de 1999. Este fallo histórico estableció que la institucionalización debe ser el último recurso y que los estados tienen la responsabilidad de proporcionar servicios que permitan la integración comunitaria de personas con discapacidades.

El impacto del memo en los derechos de discapacidad

La opinión del DOJ argumenta que, si bien la ley federal prohíbe la discriminación por discapacidad, no impone un ‘mandato de integración’ que obligue a los estados a proporcionar servicios comunitarios. Esta interpretación contrasta con la posición mantenida por el gobierno estadounidense desde 1977, que ha sido respaldada por administraciones tanto republicanas como demócratas, incluyendo la primera administración de Trump.

Alison Barkoffprofesora de derecho de salud y políticas en la Universidad George Washington, señala que ‘es ahora la posición del gobierno de Estados Unidos que las personas con discapacidad no tienen derecho a ser parte de sus comunidades’. Barkoff, quien lideró esfuerzos de cumplimiento de la ley Olmstead durante las administraciones de Obama y Biden, describe este cambio como ‘significativo’ y potencialmente devastador para los derechos de las personas con discapacidades.

Reacciones de la comunidad de discapacidad

La comunidad de discapacidad ha respondido con preocupación y enojo a este cambio de postura. Shira Wakschlagde The Arc of the United States, describe la opinión como ‘una amenaza directa a décadas de progreso hacia la vida comunitaria para personas con discapacidades’. Wakschlag enfatiza que las personas con discapacidades ‘no deberían ser forzadas a instituciones porque un estado se niega a proporcionar servicios en la comunidad’.

El American Association of People with Disabilities ha calificado el memo como una amenaza que ‘podría arrastrar a nuestra nación de vuelta a una era oscura y vergonzosa de ignorancia y crueldad’, especialmente en un momento en que Estados Unidos se prepara para celebrar sus 250 años de independencia.

El contexto legal y las implicaciones

La opinión del DOJ cuestiona lo que los expertos legales consideran ley establecida durante décadas. Tanto la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación como el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades han sido interpretados consistentemente para requerir que los estados proporcionen servicios en el entorno más integrado apropiado. El caso Olmstead, que llegó a la Corte Suprema en 1999, reforzó esta interpretación, estableciendo que la institucionalización debe ser el último recurso.

Sin embargo, el memo argumenta que la decisión Olmstead ‘solo sostuvo que un estado no puede institucionalizar a tales pacientes sin justificación’. La opinión deja abierta la pregunta de qué constituye una ‘justificación adecuada’, lo que podría llevar a interpretaciones más restrictivas de las obligaciones de los estados.

Este cambio de postura llega en un momento crítico, coincidiendo con el caso Texas v. Kennedyque desafía el mandato de integración en los tribunales. La opinión del DOJ parece alinearse con los demandantes en este caso, aunque los expertos legales señalan que un memo no puede cambiar la ley por sí mismo.

La opinión también surge en un contexto de esfuerzos más amplios por parte de la administración Trump para abordar la homelessness, incluyendo una orden ejecutiva que promueve la institucionalización involuntaria de personas con enfermedades mentales. Este enfoque ha generado preocupación entre los defensores de los derechos de discapacidad, quienes argumentan que tales medidas podrían revertir décadas de progreso en la integración comunitaria.

Mientras la comunidad de discapacidad se prepara para responder a este desafío, queda claro que la lucha por los derechos de vida comunitaria está lejos de terminar. La opinión del DOJ, aunque no cambia la ley por sí misma, representa un cambio significativo en la postura del gobierno federal y un recordatorio de la necesidad de vigilancia constante en la defensa de los derechos de las personas con discapacidades.