Juicio a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción y malversación

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, enfrenta juicio por graves acusaciones de corrupción. El juez impone medidas cautelares mientras se prepara el proceso.

Begoña Gómezesposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchezes enviada a juicio oral con medidas cautelares en Madrid tras el auto del juez Juan Carlos Peinadoque le retira el pasaporte, le prohíbe salir de España y le impone comparecencias quincenales en el juzgado.

El caso concentra acusaciones de tráfico de influenciascorrupción en los negociosapropiación indebida y malversacióny ha abierto un frente político entre PSOE y PPademás de provocar la reacción de sindicatos policiales por un pasaje del auto sobre su escolta. Último actualización: 22 junio 2026.

Apertura de juicio y medidas cautelares impuestas por Peinado

El auto de apertura de juicio oral, de 84 páginas, fijó un marco estricto para la investigada: retirada de todos sus pasaportes, incluidos los diplomáticosprohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de presentarse dos veces al mes en sede judicial. El juez extendió medidas a su asesora Cristina Álvarezaunque no al empresario Juan Carlos Barrabéstambién procesado. La resolución ordenó alertas a puestos fronterizos y aeropuertos para impedir cualquier salida de España, con mandato expreso de control en las bases de datos fronterizas.

Peinado justificó las cautelares indicando que la condición de Gómez como cónyuge del presidente no garantizaba su permanencia en el país. En un pasaje controvertido, sostuvo que “los agentes de seguridad […] pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, colaborar […] para facilitar esa fuga”. El juzgado añadió que la protección institucional es “efímera” y, por tanto, insuficiente como salvaguarda frente al riesgo de fuga, motivo por el cual intensificó los controles.

Cargos, indicios y papel de la cátedra y el software

En el capítulo de tráfico de influenciasel instructor señaló que la cátedra universitaria ligada al proyecto de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se habría creado por “cauces extraordinarios” y con una potencial explotación económica ulterior. El auto refiere que el rector fue citado en el Palacio de la Moncloa para abordar el proyecto, lo que, a juicio del juez, evidenciaría uso indebido de la proyección institucional. Aun así, la resolución reconoce que no quedó acreditada una gestión concreta ante funcionarios o autoridades determinada individualmente.

Para el delito de corrupción en los negociosla resolución repasa patrocinios y apoyos de compañías —como GoogleIndra o Telefónica— señalando indiciariamente que podrían haber funcionado como fachada de futuras ventajas privadas. En paralelo, detalla que un software desarrollado con financiación privada fue puesto a disposición pública en un dominio registrado a nombre de Gómez y posteriormente cerrado sin explicación, lo que el juez interpreta como indicio de apropiación de resultados. El instructor añade que Gómez habría actuado como gestora principal del proyecto de la cátedra y del desarrollo tecnológico, orientando recursos hacia intereses propios.

Vínculos con Barrabés y uso de recursos públicos

El magistrado sostiene que existirían indicios de que Gómez y Barrabés pactaron una “relación de intereses” al llegar Pedro Sánchez a la Moncloa, en un esquema en el que el empresario habría prestado apoyo estratégico con contraprestaciones por definir. Aunque no se describen en el auto gestiones individualizadas de tráfico de influencias, el juez conecta esa relación con la arquitectura de la cátedra, sus patrocinadores y la presunta explotación posterior del software. Sobre Barrabés, la solicitud de pena es menor que la del resto de encausados, sin medidas cautelares personales.

En la malversaciónla pieza central es la figura de Cristina Álvarezcontratada por la Presidencia del Gobierno y, según el instructor, utilizada para actividades privadas vinculadas al proyecto de Gómez. El auto sugiere una desviación de medios públicos hacia fines no institucionales. Las acusaciones populares piden 24 años de prisión para Gómez y 22 para Álvarez, mientras que para Barrabés plantean seis. La defensa anunció recursos contra las medidas y contra el procesamiento, pendientes de la Audiencia Provincial de Madrid.

Reacciones políticas y sindicales a la resolución judicial

El caso desató una respuesta inmediata. El secretario general del PPMiguel Telladoafirmó que la apertura del juicio a la esposa del presidente constituye un nuevo episodio de la crisis que, a su juicio, rodea al Ejecutivo. “Entréguense y colaboren con la Justicia. Elecciones ya”, publicó en la red X, acusando a la Moncloa de haberse convertido en una “guarida de delincuentes”. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóohabía marcado el tono horas antes al denunciar la “degradación moral” y reclamar pasar página en las urnas.

Desde el Gobierno, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolañoscalificó la jornada como “nefasta para quienes creen en la Justicia”, aunque reafirmó su confianza en el sistema y se mostró convencido de que “la razón y la verdad se acabarán imponiendo”. Fuentes de la Moncloa denunciaron desproporción y sostuvieron que el instructor mantiene una persecución contra el entorno del presidente, atribuyendo al juez una “obsesión” con la figura de Gómez.

Respuesta de los cuerpos policiales a la alusión del juez

El pasaje del auto que sugiere que la escolta podría facilitar una fuga generó rechazo de sindicatos de la Policía Nacional. Jupol calificó de “auténtica barbaridad” esa hipótesis y defendió que los profesionales de la escolta de Presidencia actúan con absoluta profesionalidadneutralidad y conforme a la ley. Subrayaron que asumir ese riesgo como verosímil es incompatible con el desempeño y los protocolos vigentes que rigen la protección de altas autoridades y sus entornos inmediatos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) también rechazó cualquier insinuación que cuestione la profesionalidad de los agentes. Recordó que los policías nacionales actúan siempre sometidos a la ley y no están obligados a cumplir órdenes manifiestamente ilegales. Remarcó, además, que la Policía Nacional no constituye un riesgo para el Estado de derechosino una de sus principales garantías, e instó a mantener el respeto institucional hacia los cuerpos encargados de la seguridad.

Calendario procesal y acusaciones populares en la vista con jurado

El procedimiento avanzará hacia un juicio con juradoen el que ya se personaron acusaciones populares como la organización Hazte Oír y las formaciones políticas Iustitia Europa y Vox. Estas partes solicitaron hasta 24 años de prisión para Gómez y 22 para Álvarez, con una petición de seis años para Barrabés. La defensa, por su parte, prepara la impugnación del auto y la revisión de las cautelares ante la Audiencia Provincialmanteniendo que la resolución del instructor adolece de desproporción y carece de hechos concretos debidamente acreditados en varias de las conductas imputadas.

El órgano judicial notificará en próximas fases las fechas de señalamiento del tribunal del jurado, una vez resueltos los recursos pendientes. La expectativa procesal incluye la práctica de prueba sobre la cátedralos patrocinios, el circuito de decisión en la UCM, el software y su dominio, así como la contratación y funciones desempeñadas por Cristina Álvarez bajo la órbita de Presidencia. Las posiciones políticas y sindicales mantienen la tensión pública mientras el caso transita a la fase de enjuiciamiento.