Juicio a Begoña Gómez: tráfico de influencias, corrupción y malversación

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, enfrenta juicio por graves acusaciones de corrupción. El juez impone medidas cautelares mientras se prepara el proceso.

En un desarrollo significativo en el panorama judicial español, el juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta decisión viene acompañada de medidas cautelares que incluyen la retirada de su pasaporte y la prohibición de salir del país.

Además, Gómez deberá presentarse en el juzgado dos veces al mes.

El auto de apertura de juicio oral, que abarca 84 páginas, detalla las acusaciones contra Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Las acusaciones incluyen tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

Medidas cautelares y argumentos del juez

El juez Peinado ha ordenado la retirada de todos los pasaportes de Gómez, tanto ordinarios como diplomáticos, y ha instruido a todos los puestos fronterizos y aeropuertos para evitar que salga de España. Estas medidas también se aplican a Cristina Álvarez, pero no a Juan Carlos Barrabés.

En su resolución, Peinado argumenta que la condición de Gómez como esposa del presidente del Gobierno no garantiza que no pueda fugarse. De hecho, sugiere que los agentes de seguridad podrían facilitar una posible fuga, ya que su protección es efímera y podría desaparecer en cualquier momento. «Lo que no cabe duda es que esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga», señala el juez.

Acusaciones y pruebas presentadas

El juez detalla en su auto los indicios que respaldan las acusaciones. En el caso del tráfico de influencias, se alega que Gómez utilizó su posición para obtener la dirección de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El rector de la UCM fue citado en el Palacio de la Moncloa para discutir el proyecto de Gómez, lo que sugiere un uso indebido de su influencia.

Sobre la corrupción en los negocios, Peinado señala que Gómez tenía la intención de apropiarse del software creado con financiación privada. El software fue puesto a disposición del público en un dominio web registrado a nombre de Gómez, pero fue cerrado repentinamente y sin explicación alguna. «Así, a título indiciario, el patrocinio o la financiación pudiera ser solo la ‘fachada’ de una retribución encubierta por futuras ventajas privadas o comerciales indebidas», afirma el juez.

En cuanto a la apropiación indebida, se indica que Gómez actuó como gestora principal del proyecto de la cátedra y del software, desviando recursos hacia sus intereses propios. Finalmente, en el caso de la malversación, se alega que Gómez solicitó y aprovechó los servicios de Cristina Álvarez, quien fue contratada por la Presidencia del Gobierno pero utilizada para actividades privadas de Gómez.

La defensa de Gómez ha anunciado que recurrirá las medidas cautelares y espera que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva los recursos contra el procesamiento. Mientras tanto, las reacciones no se han hecho esperar. Fuentes de Moncloa hablan de una persecución y de la obsesión del juez contra Gómez, reprochando la desproporción de las medidas impuestas.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha criticado duramente al Gobierno, afirmando que «España se merece un gobierno que no robe. Entréguense y colaboren con la Justicia». Por su parte, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha calificado el día como nefasto para quienes creen en la justicia.

El juicio con jurado popular se prepara mientras las acusaciones populares, incluyendo la organización ultracatólica Hazte Oír y las formaciones políticas Iustitia Europa y Vox, solicitan penas de hasta 24 años de prisión para Gómez y 22 años para Álvarez. El empresario Barrabés enfrenta una petición de seis años de cárcel.