El CGPJ se reúne de urgencia para decidir si sanciona al juez Peinado por acusar a los escoltas de Begoña Gómez de posible complicidad en una fuga.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) convoca reuniones de urgencia para estudiar la apertura de un expediente disciplinario contra el juez Juan Carlos Peinado tras su auto que envía a juicio a Begoña Gómez en el que sugirió que sus escoltas podrían facilitar una fuga.
La Comisión Permanente se reunió el domingo a las 10:00 horas de forma telemática y programó una segunda sesión presencial para el lunes a las 9:00 horas. Último actualización: 22 junio 2026.
El caso ganó relevancia por las alusiones del magistrado a los agentes de escolta, consideradas un cuestionamiento grave de su profesionalidad.
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló propone incoar el expediente por posible exceso o abuso de autoridad o por falta grave de consideración hacia la Policía Judicial en línea con el artículo 418.5 de la LOPJ.
Reuniones del CGPJ y marco disciplinario
La Comisión Permanente del CGPJ se reunió de urgencia el domingo a las 10:00 de forma telemática para evaluar el alcance de las afirmaciones del juez. La votación prevista se aplazó para permitir un debate previo y se convocó una segunda reunión presencial a las 9:00 del lunes. La propuesta de expediente disciplinario se apoya en el artículo 418.5 de la LOPJ que tipifica como falta grave “el exceso o abuso de autoridad” y la “falta grave de consideración” hacia instituciones y personal de la Administración de Justicia.
La presidenta Isabel Perelló planteó la incoación del expediente tras recibir una queja formal del Ministerio del Interior. La apertura del expediente, de confirmarse, permitiría al CGPJ recabar información, escuchar al magistrado y valorar una sanción conforme al régimen disciplinario judicial. Las deliberaciones se enmarcan en la tensión entre independencia judicial y la protección del prestigio institucional de los cuerpos policiales.
El auto de 84 páginas y las medidas a Begoña Gómez
En un auto de 84 páginas el juez Juan Carlos Peinado envió a juicio a Begoña Gómez por cuatro delitos y fijó medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. En su motivación, el magistrado afirmó que “no cabe duda” de que los escoltas podrían colaborar en una fuga “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”. Estas menciones detonaron la reacción del Ministerio del Interior y de sindicatos policiales.
Begoña Gómez anunció que recurrirá las medidas cautelares impuestas. La defensa considera que las restricciones son desproporcionadas y cuestiona las referencias a los escoltas. El calendario procesal dependerá de la respuesta a los recursos y de la eventual resolución del CGPJ sobre el expediente disciplinario, que no interfiere en la causa pero puede tener consecuencias sobre la conducta del magistrado en el ámbito administrativo.
Queja del Ministerio del Interior y reacción policial
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska remitió la “más enérgica queja” al CGPJ y calificó las afirmaciones del juez como un “hecho de máxima gravedad”. Interior sostuvo que el auto de Peinado supone un “grave cuestionamiento” de la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado al extender la sospecha tanto a los agentes de escolta como a sus mandos.
La Dirección General de la Policía Nacional rechazó las valoraciones del magistrado por especulativas y defendió el honor y la integridad de sus funcionarios. Jupol calificó las teorías del juez de “barbaridad”, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) señaló que ningún agente está obligado a cumplir órdenes “manifiestamente ilegales”, y la Confederación Española de Policía (CEP) junto a la Unión Federal de Policías (UFP) consideraron las afirmaciones un “ataque intolerable” y una “imputación de conducta delictiva” sin base jurídica.
La controversia trascendió el ámbito judicial y policial. La ministra de Ciencia y Universidades, Diana Morant defendió la inocencia de Begoña Gómez y calificó el auto como dañino para la Justicia. Desde el Partido PopularCuca Gamarra reiteró la confianza en las fuerzas de seguridad y el respeto al CGPJ, subrayando la separación de poderes. En el PSOERebeca Torró denunció el “daño demoledor” a la Justicia y acusó a la derecha de instrumentalizar el caso.
En el plano parlamentario, la oposición anunció que la sesión de control se centrará en exigir explicaciones por investigaciones que afectan a miembros del Gobierno. Se prevé un duelo entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo con el foco en casos de corrupción y la petición de elecciones. El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón consideró de “extrema gravedad” las afirmaciones del juez y defendió la profesionalidad policial.
La decisión que adopte el CGPJ sobre el expediente disciplinario marcará el curso de la controversia. El marco del artículo 418.5 de la LOPJ sirve de referencia para valorar si hubo exceso de autoridad o falta grave de consideración hacia instituciones y funcionarios. Las reuniones encadenadas, primero telemática el domingo y luego presencial el lunes reflejan la premura por abordar el impacto de un auto que, además de las medidas cautelares, introdujo afirmaciones con potencial efecto institucional.
El CGPJ estudia medidas “procedentes” tras la queja de Interior, mientras la defensa de Begoña Gómez prepara el recurso contra las cautelares. Los sindicatos policiales y la Dirección General de la Policía piden una rectificación y defienden su plena profesionalidad. El expediente, de abrirse, evaluará la proporcionalidad y el alcance disciplinario de las expresiones del magistrado en la resolución que envía la causa a juicio.
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