La Corte Penal Internacional enfrenta su mayor desafío al emitir órdenes de detención contra líderes en el poder, como Putin y Netanyahu, generando divisiones políticas y cuestionando su efectividad
La Corte Penal Internacional (CPI) se encuentra en un momento crucial de su historia. Tras años de centrarse en líderes derrotados, la institución ha dado un paso audaz al emitir órdenes de detención contra mandatarios en ejercicio, como el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.
Sin embargo, esta nueva postura está generando divisiones políticas y cuestionando la efectividad de la Corte.
Las órdenes de detención emitidas por la CPI han recibido reacciones mixtas en la comunidad internacional. Mientras que la orden contra Putin en 2023 fue aplaudida por los gobiernos occidentales, la orden contra Netanyahu en 2024 ha generado profundas divisiones.
Países como Irlanda han respaldado la medida, mientras que otros, como Chequia, la han condenado, argumentando que socava la credibilidad de la Corte.
El desafío de la realpolitik
Uno de los mayores desafíos que enfrenta la CPI es la realpolitik donde las consideraciones prácticas prevalecen sobre las éticas. Como señaló el primer ministro belga Bart De Wever es poco probable que Netanyahu o Putin sean detenidos, incluso en países europeos. Esta situación pone en duda la legitimidad de una Corte cuyas acusaciones no se traducen en arrestos.
El caso de Omar al-Bashir ex presidente de Sudán, es un ejemplo claro de este desafío. A pesar de las órdenes de detención emitidas por la CPI en 2009 y 2010, Bashir permaneció en el poder hasta 2019. Incluso cuando visitó Turquía en 2017, el presidente Recep Tayyip Erdogan se negó a cumplir con la orden de detención, lo que demuestra cómo el apoyo a la Corte depende más de consideraciones políticas que de respeto institucional.
La cuestión de la jurisdicción y la selectividad
La CPI enfrenta críticas por su justicia selectiva un problema que se ve reforzado por sus limitaciones estructurales. La Corte solo puede ejercer su jurisdicción sobre países no miembros si estos dan su consentimiento o si el Consejo de Seguridad de la ONU remite el caso. Esto explica por qué la CPI no ha podido imputar a líderes como Bashar al-Assad de Siria o a dirigentes chinos por el genocidio cultural en Xinjiang.
En el caso de Netanyahu, la CPI encontró una forma de eludir esta limitación al afirmar que puede ejercer su jurisdicción sobre la base de la jurisdicción territorial de Palestina, a pesar de que la condición jurídica de Palestina es motivo de desacuerdo. Sin embargo, este enfoque ha generado más críticas, ya que parece ignorar el principio de complementariedad, que exige que la Corte se remita a las autoridades nacionales competentes.
El impacto de las operaciones en Cisjordania
Mientras tanto, la situación en Cisjordania ha puesto de manifiesto las tensiones entre la justicia internacional y las realidades políticas. Un informe de la ONU ha acusado a las fuerzas de seguridad israelíes de desplazar a la fuerza a poblaciones enteras de palestinos en tres campamentos de refugiados, generando temores de una posible limpieza étnica. Las operaciones, llevadas a cabo en enero y febrero de 2025, resultaron en la destrucción de cientos de casas, la muerte de más de cien palestinos y el desplazamiento de más de 33.000 personas.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk ha señalado que estas operaciones podrían constituir un castigo colectivo y equivaler a una limpieza étnica. Turk ha instado a Israel a poner fin a su ocupación del territorio palestino y a cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho Internacional.
La CPI se encuentra en un momento decisivo. Su capacidad para juzgar a líderes en el poder y su impacto en la comunidad internacional dependerán de su capacidad para navegar las complejidades políticas y mantener su legitimidad en un mundo cada vez más polarizado.
