Otorgar a Cataluña un convenio financiero similar al que poseen Navarra o el País Vasco significaría una reducción significativa en los medios económicos de las demás autonomías. El gobierno se enfrentaría a dos opciones para compensar el déficit fiscal causado por la independencia catalana: aumentar los impuestos a las regiones que permanezcan en la caja común, o disminuir los servicios estatales.
Ambos escenarios resultarían en impactos negativos para las otras regiones, según el análisis del pacto PSC y ERC publicado este lunes por el centro de estudios económicos Fedea. Ángel de la Fuente, presidente de este think tank, resume la idea diciendo: «Para que aquellos que abandonan el sistema puedan beneficiarse, los que permanecen tendrán que sufrir pérdidas».
El informe, redactado por uno de los principales expertos en financiamiento autonómico, tiene 14 páginas de críticas hacia los términos del acuerdo entre ERC y PSC. El gobierno central insiste en que este se considera una «financiación singular», similar a la que ya poseen otros territorios debido a situaciones como la insularidad o la despoblación, y no un cupo o un contrato. De la Fuente señala que el acuerdo firmado para promover la investidura de Salvador Illa como líder de la Generalitat es «incoherente», ya que simultáneamente busca mejorar la financiación de una autonomía grande «y no particularmente mal financiada» como Cataluña, a la vez que asegura la equidad y solidaridad entre territorios. El presidente de Fedea, cuya fundación está respaldada por algunas de las principales empresas listadas en el país, concluye que la propuesta es «muy negativa desde el punto de vista del interés general». Considera una «terrible idea» otorgar a Cataluña total control en la administración y recaudación de todos los impuestos.
Por un lado, el aumento de los costes de gestión tributaria sería una consecuencia directa de añadir complejidad a las regulaciones, lo que a su vez complicaría el cumplimiento de las obligaciones para los contribuyentes. Por otro lado, se vería obstaculizada la lucha contra el fraude fiscal debido a la fragmentación de la Agencia Tributaria. De la Fuente también plantea serias dudas sobre la extensión de dicho modelo a otras regiones que podrían estar interesadas, como ha insinuado previamente el Gobierno. Tal generalización, según él, abriría la puerta a un Estado confederal disfuncional, muy distinto a los modelos de otros países con los que nos gustaría compararnos. De la Fuente recuerda que la capacidad de acción del Gobierno podría verse limitada y el coste sería considerablemente alto. Aunque no está en contra del principio de ordinalidad, que establece que las regiones que más contribuyen a la solidaridad no deberían recibir menos financiación que las que menos aportan, De la Fuente considera que dicho principio debería incorporarse en la ley financiera regional, y no en un estatuto o nueva ley financiera catalana. Desde su perspectiva como presidente de Fedea, parece que las promesas de mayor eficiencia y autonomía que se ponen de manifiesto en el acuerdo para justificar el modelo propuesto para Cataluña, de hecho ocultan un deseo de tener el control de «las llaves de la caja». Según su punto de vista, este poder inevitablemente conllevaría una reducción considerable de la contribución catalana al fondo común y cambiaría de manera significativa la naturaleza del Estado. Además, De la Fuente indica que los antecedentes de Navarra y País Vasco nos enseñan que las regiones con control total sobre los impuestos tienen una posición de ventaja en las negociaciones con el Estado.
El agente que posee el efectivo usualmente puede conseguir condiciones óptimas al negociar acuerdos de financiamiento territorial, particularmente cuando solo actúa en favor de ciertos intereses y no muestra una especial lealtad hacia todos los involucrados, sostiene. Asimismo, De la Fuente alerta sobre el peligro de proporcionar «a los nacionalistas» una autoridad fiscal autónoma para Cataluña. Un organismo que resultaría esencial para materializar una declaración unilateral de independencia, como la ocurrida en 2017, en caso de que sucediera otra vez. «Considerando los acontecimientos recientes, ¿Estamos completamente seguros de que sería prudente darles eso?», interroga. Según De la Fuente, la posible solución al rompecabezas de la financiación autónoma podría ser una única entidad fiscal, de modo que solo habría un consorcio para las 16 comunidades, en vez de 15 consorcios bilaterales como sugiere el modelo propuesto por ERC y PSC. «Es posible que el temor al cupo catalán impulse a los que se resisten al cambio a reconsiderar y a pensar más acerca de construir un sistema que beneficie a toda la nación en lugar de solo atender a sus intereses inmediatos», concluye.
