La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha utilizado el Falcon oficial sin registros, lo que ha generado sospechas sobre sus viajes privados.

En un giro inesperado de los acontecimientos, la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez ha sido el centro de una controversia que involucra el uso del Falcon oficial sin ningún tipo de registro. Esta situación ha desatado un debate sobre la transparencia y el uso de recursos públicos.
La Abogacía del Estado ha reconocido en un escrito presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que no existe un registro detallado de los viajes realizados por Gómez en el Falcon u otras aeronaves oficiales cuando no forma parte de una expedición institucional con el presidente Pedro Sánchez.
Esta admisión ha avivado las sospechas sobre el uso fraudulento de estos medios.
La falta de registros y las implicaciones políticas
La respuesta de la Abogacía del Estado ante el TSJM ha dejado en evidencia que la Presidencia del Gobierno solo registra los desplazamientos oficiales del jefe del Ejecutivo cuando también viaja Begoña Gómez. Sin embargo, se acepta que no hay constancia ni del número de viajes, ni de los destinos, ni de la duración de las estancias cuando ella utiliza estos medios sin estar vinculada a la agenda presidencial.
Esta falta de control ha generado una laguna en el control del gasto público y en la rendición de cuentas relacionada con recursos militares utilizados por la propia Presidencia. La contradicción con lo afirmado anteriormente a través del Portal de Transparencia —donde se negó cualquier uso del Falcon desvinculado a la actividad profesional de Sánchez— es difícilmente pasable por alto.
El juez Peinado y la investigación en curso
Paralelamente a esta batalla ante el TSJM, el juez Juan Carlos Peinado mantiene abiertas diligencias para esclarecer los movimientos realizados por Begoña Gómez. El magistrado solicitó al Ministerio del Interior información sobre sus desplazamientos al extranjero junto a su asesora, Cristina Álvarez desde 2018. Se centra especialmente en países como República DominicanaRepública del CongoGuinea Ecuatorial o Rusia.
Peinado recurrió a la Oficina Nacional de Información del Pasajero porque tanto Gómez como su asesora se negaron a entregar sus pasaportes para facilitar el rastreo, amparándose en su derecho a no aportar documentación que pudiera perjudicarles. Sin embargo, Interior solo proporcionó registros sobre vuelos comerciales, sin incluir los desplazamientos realizados en aeronaves militares pertenecientes al 45 Grupo del Ejército del Aire entre ellas los Falcons gubernamentales.
La estrategia de Moncloa y el relato político
La estrategia de La Moncloa respecto a Begoña Gómez se mueve en clave electoral. Después de un tiempo en el que se limitó su exposición pública, ahora se ha optado por una estrategia completamente distinta: situarla de nuevo en el centro de la escena política.
Fuentes del entorno del Gobierno interpretan que la petición para que la esposa del presidente acompañe a Pedro Sánchez a la cumbre de la OTAN responde a esa nueva fase. La prioridad ya no es protegerla del foco, sino convertir cualquier decisión del juez Juan Carlos Peinado en un episodio con elevado coste político e institucional.
En las últimas semanas, el PSOE ha endurecido de forma evidente su discurso contra el juez Peinado. La investigación ya no se presenta únicamente como un procedimiento judicial, sino como la expresión de una supuesta ofensiva contra Pedro Sánchez y su entorno. En ese contexto, la figura de Begoña Gómez adquiere una dimensión política clave.
