Mafias de la inmigración venden ‘paquetes completos’ para regularización en España

Las mafias de la inmigración están aprovechando la regularización masiva en España para ofrecer servicios fraudulentos que incluyen viaje, documentación falsa y citas para trámites

En los últimos meses, las redes criminales dedicadas al tráfico de personas han encontrado una nueva oportunidad de negocio en la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Estas organizaciones, conocidas por trasladar a centenares de personas desde las costas africanas a Canarias y el sur de la Península Ibérica ahora ofrecen ‘paquetes completos’ que incluyen viaje a España documentación falsa y citas para tramitar la regularización.

Según expertos de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Policía Nacional se ha detectado un aumento significativo de los llamados ‘movimientos secundarios’ de inmigrantes desde otros países de la Unión Europea hacia España.

Estas redes criminales aprovechan la libertad de circulación del espacio Schengen para trasladar a inmigrantes que se encontraban en países como AlemaniaFrancia o Italia facilitándoles la documentación necesaria para cumplir los requisitos exigidos por la normativa.

Los ‘paquetes completos’ de las mafias

Las investigaciones policiales han revelado que las organizaciones criminales están comercializando ‘packs de documentación’ destinados a facilitar la obtención del permiso de residencia. Entre los documentos más demandados se encuentran los certificados de vulnerabilidad, aunque también se han presentado justificantes de escaso valor probatorio para acreditar la permanencia en España. ‘Cualquier ticket es suficiente’ lamentan agentes especializados en la lucha contra la trata de personas, que advierten del elevado volumen de documentación presuntamente fraudulenta detectada durante la tramitación de los expedientes.

La oferta de estas redes criminales incluye todo lo necesario para la regularización: viaje a España tickets de meses atrás que permitan justificar su presencia en territorio nacional, asistencia en la obtención de la documentación e incluso cita para tramitar su petición de regularización masiva. Las autoridades tienen controladas a estas organizaciones, pero la complejidad del proceso dificulta la acción contra ellas.

El impacto de la regularización masiva

Desde la entrada en vigor del procedimiento de regularización, más de 1,3 millones de personas han intentado obtener la autorización de residencia prevista por el Gobierno. Esta cifra se aproxima a las estimaciones que manejaba la Policía Nacional antes de la aprobación de la norma, cuando un informe interno calculaba que el número de solicitudes podría alcanzar 1,5 millones, muy por encima de las previsiones iniciales del Ejecutivo.

Los agentes de la Ucrif han tenido que asumir una elevada carga de trabajo para elaborar los informes policiales vinculados a cada expediente, sin que las plantillas hayan sido reforzadas. Los funcionarios encargados de tramitar las Tarjetas de Identidad de Extranjero (TIE) han percibido una compensación de 25 euros por cada hora extra, frente a los diez euros que se abonaban antes del inicio del proceso de regularización.

Fraudes y consecuencias

El proceso de regularización también ha provocado escenas de aglomeraciones y largas colas en distintos consulados y oficinas de Extranjería durante las primeras semanas de aplicación de la medida. En algunos puntos fue necesaria la intervención de unidades antidisturbios para controlar la tensión generada por la elevada afluencia de solicitantes que trataban de iniciar los trámites de regularización.

La autorización concedida a los solicitantes tiene una duración inicial de un año y, aunque se trata de un permiso expedido por las autoridades españolas, su existencia dentro del espacio Schengen facilita la movilidad por el resto de países comunitarios. Por ello, los expertos consideran imprescindible reforzar el intercambio de información entre los Estados miembros para detectar posibles fraudes y controlar los desplazamientos de personas que, una vez regularizadas, puedan trasladarse a otros países de la Unión Europea o regresar posteriormente a sus lugares de origen.

El sindicato JUPOL ha denunciado que el número de solicitudes ‘se sale completamente de todos los esquemas’ pese a que ya esperaban una cifra elevada. Según fuentes policiales, unas 400.000 solicitudes corresponderían a personas que no estaban en España durante el periodo exigido, lo que apuntaría a un posible fraude masivo en el proceso. JUPOL critica que las condiciones fijadas para acogerse a la medida eran demasiado flexibles y que esa laxitud habría facilitado la presentación de expedientes dudosos.