Víctor de Aldama ratificó en el Tribunal Supremo pagos en efectivo y apuntó a una jerarquía que, según él, incluía a Pedro Sánchez; el PSOE y otros partidos reaccionan entre críticas y reservas
El juicio que investiga la conocida como trama de las mascarillas alcanzó este 29/04/2026 un momento de alta tensión cuando Víctor de Aldama, considerado por la acusación un comisionista, ofreció ante el Tribunal Supremo una versión amplia de cómo habrían funcionado los pagos y favores relacionados con contratos y rescates.
En su declaración el empresario sostuvo que llevó dinero en efectivo a la residencia y al ministerio vinculados a José Luis Ábalos, habló de entregas periódicas y apuntó, sin pruebas directas, a una jerarquía superior que colocaba en primer plano al presidente Pedro Sánchez.
Estas afirmaciones han reavivado el debate político y han provocado reacciones inmediatas desde diversas instituciones.
La comparecencia se centró en varias líneas: cantidades entregadas, destinatarios, pagos por servicios personales y supuestas órdenes de intermediación para favorecer adjudicaciones. Aldama cifró algunas entregas en millones y describió pagos más pequeños que calificó de simbólicos, a la vez que explicó cómo, según su versión, determinadas notas de prensa y gestiones en el ministerio habrían respondido a presiones externas. La fiscalía y las partes preguntaron sobre apuntes y evidencias documentales que, según Aldama, corroboran parte de sus apuntes contables intervenidos en dispositivos.
Las acusaciones económicas y su alcance
En el capítulo económico de su testimonio, Aldama habló de entregas periódicas de efectivo que, según su relato, alcanzaron cifras relevantes: menciona pagos que oscilan entre importes simbólicos y sumas acumuladas que, en su conjunto, alcanzan varios millones de euros. El empresario explicó que recibía de constructoras y otras empresas contratos y propuestas que, a cambio, contribuían con mordidas que él trasladaba personalmente al entorno de los entonces responsables del área de Transportes. También describió cómo intentó regularizar algunos pagos con fórmulas alternativas cuando le resultaba difícil mantener entregas constantes en efectivo, y cómo ciertas solicitudes de cobro incluían gastos personales y «favores» solicitados por intermediarios.
Detalles sobre beneficiarios y destino de fondos
Entre los beneficiarios mencionados figuraron el propio Ábalos y su exasesor, a quienes Aldama atribuía recepción de cantidades regulares; asimismo, relató pagos destinados a cubrir gastos de terceras personas vinculadas con los implicados. Según su versión, parte del dinero habría acabado, en ocasiones, en prestaciones personales como alquileres de vivienda o servicios particulares. El testigo aseguró que le comunicaron que ciertos fondos servían también para la financiación del partido, una afirmación que el PSOE niega de forma rotunda y que ha motivado su solicitud de protección ante el Supremo por las «injurias» que consideran que se están vertiendo.
Alegaciones sobre liderazgo y presuntas órdenes
Aldama no se limitó a los movimientos de efectivo: introdujo en su relato una jerarquía de influencias en la que situó al presidente Pedro Sánchez en el primer escalón, seguido por Ábalos y su asesor. Explicó que Koldo García llamaba a determinados contactos en tono de familiaridad y que, según él, existía conocimiento en niveles superiores sobre algunas operaciones. No obstante, las imputaciones directas contra el presidente carecen de documentación pública verificada en la vista hasta ahora, y los partidos que respaldan al Gobierno han subrayado la ausencia de pruebas concluyentes.
Notas sobre operaciones concretas: rescates y comunicados
En su testimonio también apareció la gestión mediática de operaciones como el rescate de empresas aéreas, donde Aldama aseguró que hubo presiones y discrepancias sobre comunicados oficiales relacionados con la intervención de determinadas compañías. Mencionó la existencia de una «mano negra» que dificultó procesos y la elaboración de notas de prensa que, a su juicio, no siempre reflejaban la realidad del trámite administrativo. Estos episodios figuran entre las piezas que la Fiscalía y las partes examinan para determinar alcance y responsabilidades.
Reacción política y efectos procesales
La respuesta política fue inmediata: el PSOE anunció que repetirá la petición de amparo ante el Tribunal Supremo para evitar lo que considera difamaciones sin fundamento, mientras que formaciones de la oposición y el Ejecutivo regional de Madrid interpretaron las palabras de Aldama como una señal de implicación de altos dirigentes. Además, el caso ha generado debates sobre límites entre la vida privada y el interés público, tras las menciones a pagos por servicios de tipo personal que, según Aldama, se realizaron para que determinados dirigentes «se relajaran» en desplazamientos internacionales.
El proceso sigue en curso, con sesiones que continuarán analizando las pruebas documentales, las contradicciones entre testimonios y el papel de intermediarios. La causa mantiene la atención mediática y política por la mezcla de acusaciones económicas, referencias a la financiación de partidos y relatos personales que, a juicio de las defensas, deben contrastarse con evidencia sólida. Mientras la justicia avanza, las partes reclaman que sea el tribunal quien, con evidencias, determine la veracidad de las afirmaciones y las posibles responsabilidades penales o civiles.
