El PSOE replica a Víctor de Aldama: niega financiación ilegal, anuncia nueva petición de amparo ante el Tribunal Supremo y reitera su colaboración con la Justicia
La comparecencia de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo el 29 de abril de 2026 volvió a tensionar a la dirección del PSOE y al Gobierno. En su declaración como acusado por el denominado caso de las mascarillas, Aldama vinculó al presidente del Ejecutivo y a otros cargos socialistas con una presunta trama de financiación irregular, pero sin aportar pruebas que acrediten esas afirmaciones.
La respuesta del partido fue inmediata: calificar las afirmaciones como injurias y calumnias y anunciar que pedirán de nuevo amparo ante el propio Tribunal Supremo.
Desde Ferraz insistieron en mantener la imagen de colaboración con la Justicia y en subrayar la política del partido frente a la corrupción.
La secretaria de organización, Rebeca Torró, reprochó que Aldama haya convertido la invención de relatos en su estrategia de defensa y reclamó que cese la campaña de acusaciones sin fundamento. El mensaje oficial del PSOE reclamó transparencia, tolerancia cero con la corrupción y la protección judicial para combatir la difamación.
Las acusaciones que desató la reacción
Según el relato que presentó Aldama frente a los magistrados, en la supuesta estructura figuraban distintos niveles jerárquicos en los que situó al presidente en el peldaño superior y a José Luis Ábalos en un escalón intermedio, además de señalar la participación de asesores y él mismo en roles operativos. El acusado afirmó que entregó dinero en efectivo procedente, dijo, de constructoras y de operaciones vinculadas con el petróleo venezolano, y detalló entregas de hasta 250.000 euros en determinados momentos y aportes fijos mensuales de unos 10.000 euros.
Modo de actuación descrito por el acusado
En la narración de Aldama emergió un esquema de pagos en efectivo que incluía entregas en sobres, mochilas y domicilios oficiales; además, afirmó que parte de esos fondos se destinaba a lo que él entendía como financiación del partido y a la Internacional Socialista. Estas aseveraciones se suman a otras investigaciones en marcha: la Audiencia Nacional examina irregularidades en los gastos de Ferraz durante las secretarías de organización de Ábalos y Santos Cerdán, aunque parte de esa causa sigue bajo secreto de sumario.
La réplica política y judicial del PSOE
Ferraz respondió con un comunicado en el que define las afirmaciones de Aldama como «mentiras» y una «estrategia conocida» de defensa basada en señalar sin pruebas. El partido recordó que ya había solicitado amparo ante el Tribunal Supremo y anunció que reiterará ese trámite para actuar contra lo que considera injurias. En el comunicado se recalca además la voluntad del PSOE de actuar con máxima colaboración con la Justicia y de aplicar medidas contundentes ante cualquier indicio de corrupción.
Reacciones desde Moncloa y el contraste con otros partidos
En el Gobierno insistieron en la calma institucional: fuentes gubernamentales recordaron que los acusados tienen derecho a defenderse y que no deben interpretarse como pruebas las afirmaciones formuladas en sede judicial sin documental. Desde Ferraz, además, se aprovechó para comparar su política interna con la del principal rival, destacando que el PSOE reclama ejemplaridad y no acepta lecciones de formaciones con historiales condenatorios por corrupción.
Implicaciones legales y posible evolución del caso
En el plano procesal, Aldama enfrenta una petición de pena elevada por su colaboración con la Fiscalía en otros extremos del caso; no obstante, las imputaciones que ha formulado sobre la financiación del partido carecen en su momento de verificación documental pública. La demanda de amparo del PSOE busca tanto la reparación por daño a la reputación como frenar la circulación de acusaciones sin comprobación mientras siguen las diligencias judiciales.
Escenario futuro
El caso continuará desarrollándose en varias vías: los tribunales deberán valorar las pruebas, la Audiencia seguirá con las pesquisas sujetas al secreto de sumario y el PSOE persistirá en su estrategia pública de desmentido y solicitud de protección judicial. La polémica subraya una tensión recurrente entre libertad de defensa en juicio y la responsabilidad de no difundir imputaciones no acreditadas que puedan perjudicar a instituciones y personas.
En resumen, la declaración de Aldama el 29 de abril de 2026 reabrió el debate sobre la transparencia y la responsabilidad política, mientras la dirección socialista se prepara para insistir en la vía judicial y en su discurso de tolerancia cero frente a la corrupción.
