La entrega de firmas por parte de la Unión Municipalista pretende convertir en debate parlamentario la rebaja del listón electoral y adaptar el cómputo al ámbito provincial
El 30/04/2026 la confederación de partidos independientes Unión Municipalista registró ante Les Corts Valencianes más de 11.000 firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular. La acción, realizada coincidiendo con la sesión plenaria de la cámara autonómica, pretende forzar que el Parlamento valenciano debata una modificación de la ley electoral que, según sus promotores, corregiría una anomalía en la representación política.
Con la presentación formal la plataforma ha superado el mínimo exigido por la norma, fijado en 10.000 apoyos, y ha puesto sobre la mesa dos cambios concretos: la rebaja del listón electoral del actual 5% al 3% y que el cómputo de votos se haga a nivel provincial en lugar de autonómico.
Los promotores sostienen que esas medidas mejorarían la correspondencia entre votos y escaños y facilitarían la presencia de fuerzas locales y minoritarias en Les Corts.
Qué propone exactamente la iniciativa
La ILP registrada plantea dos pilares técnicos. El primero es reducir el umbral electoral del 5% al 3%, una modificación que, según los firmantes, permitiría que más opciones políticas superen la barrera para obtener representación. El segundo consiste en trasladar el cómputo de ámbito autonómico a ámbito provincial, de manera que el reparto de escaños se ajuste a la realidad territorial de cada provincia. En conjunto, defienden que estas medidas combatirían la infrarrepresentación y la desafección de electores cuyo voto queda invisible en el Parlamento.
Actores y entrega
Quiénes llevaron las firmas
En el registro participaron dirigentes y alcaldes vinculados a la plataforma: Jorge Rodríguez (alcalde de Ontinyent y coordinador general), David García (alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista), Natalia Enguix (vicepresidenta primera de la Diputación de València) y Toño Carratalá (alcalde de Alberic). Junto a ellos acudieron representantes de partidos independientes procedentes de distintos municipios de la Comunitat Valenciana, que han trabajado en la recogida de más de 11.000 firmas para garantizar el trámite.
Trámite parlamentario y plazos
Tras la entrega, las fuentes jurídicas de Les Corts explican que se realizará un muestreo de las firmas y que lo que ocurra a continuación dependerá de la voluntad política. Los promotores recuerdan que el debate puede celebrarse en los próximos meses o quedar aparcado durante varias legislaturas si los grupos no lo priorizan. En la hoja de ruta política pesa la relación con el PP y la expectativa de negociación con otros grupos, y se menciona que la decisión del parlamento recaerá en sus representantes y en su calendario de trabajo.
Motivaciones y reacciones
Los impulsores defienden que la propuesta no es un capricho local sino una normalización democrática: ocho comunidades autónomas ya cuentan con un umbral del 3%, lo que convierte la iniciativa en una petición para alinearse con prácticas extendidas. Desde instancias institucionales la medida fue motivo de debate previo, por ejemplo en el Pleno de la Diputación de València, donde PSPV y Compromís apoyaron la petición, Vox votó en contra y el PP se abstuvo, una votación que ahora reclaman coherente cuando el asunto llegue a Les Corts.
Impacto y próximos pasos
Si la reforma prospera, el mapa parlamentario valenciano podría mostrar una mayor pluralidad y una representación más ajustada al voto en cada provincia, lo que modificaría estrategias electorales y pactos futuros. Los promotores han pedido reuniones con los grupos parlamentarios para explicar su propuesta y esperan que el debate no quede en mera simbología. Mientras tanto, la entrega de más de 11.000 firmas es presentada por la Unión Municipalista como un ejercicio de presión cívica y un primer paso para cambiar las reglas del juego político en la Comunitat Valenciana.
En los próximos días el foco estará en el calendario de Les Corts y en las reuniones entre los representantes de la ILP y las formaciones con capacidad de decidir. La iniciativa aspira a transformar una reclamación municipalista en una modificación legal que, según sus promotores, devolvería peso al voto ciudadano y abriría las instituciones a una diversidad más real.
