Aldama declaró ante el Tribunal Supremo y aseguró que llevó dinero en efectivo al Ministerio de Transportes y a la casa de Ábalos; también colocó a Pedro Sánchez como 'escalafón uno' de la supuesta red
En una sesión celebrada ante el Tribunal Supremo, el empresario Víctor de Aldama ofreció una versión detallada de supuestas entregas de dinero en efectivo vinculadas al entorno del exministro José Luis Ábalos. Según su relato, que generó gran atención mediática y política, entre 2019 y 2026 sostenía pagos periódicos de 10.000 euros que justificaría como gastos familiares y personales del exministro.
Aldama describió, además, entregas puntuales de mayor cuantía que llevaba en mochila o en sobres, y aseguró que en alguna ocasión transportó hasta 250.000 o 350.000 euros.
El testimonio incluyó referencias a llamadas telefónicas y a la figura del exasesor Koldo García, a quien atribuye papel central en la logística y en la comunicación con otras autoridades.
Aldama afirmó que a través de García se transmitían instrucciones y que, según este, todo lo que hacían «lo tenía claro y lo sabía» el presidente Pedro Sánchez. Esa imputación sitúa a Sánchez en lo que Aldama denominó el escalafón uno de la supuesta organización, aunque los fiscales y la defensa han subrayado la ausencia de pruebas que respalden esa afirmación.
Declaraciones y calendario de pagos
Durante su declaración, Aldama explicó que el esquema de entregas tenía un componente mensual y otro ocasional. De forma regular entregaba 10.000 euros mensuales, destinados, según le dijo Koldo García, a «la exmujer, los niños, el colegio, lo mío…». Esa suma, explicó el acusado, se repitió hasta finales de 2026. Además, relató pagos concretos para costes como el alquiler de la expareja de Ábalos, tratamientos médicos, la compra de una motocicleta o un todoterreno y otras «mordidas» vinculadas a adjudicaciones. También señaló que pactaba cantidades en función de la obra y que no había un porcentaje fijo de comisión.
Garantías inmobiliarias y pagos adicionales
En el relato de Aldama apareció un contrato de compraventa de un piso en el Paseo de la Castellana que, según dijo, actuaba como garantía para que Ábalos tuviera «la tranquilidad de que va a cobrar». El empresario defendió que entendía esa operación como un riesgo empresarial y afirmó que, si no llegaba a cobrar, el exministro se quedaría con la vivienda. También mencionó que, cuando la relación con los intermediarios se deterioró, su hermano y otras personas recogieron sobres con dinero, y que hubo viajes a la República Dominicana para traer divisas procedentes de negocios que generaban efectivo.
Métodos de entrega y escenas descritas por el acusado
Aldama narró con detalle los mecanismos para llevar el dinero: si la cantidad era moderada usaba sobres, pero en pagos superiores llevaba la mochila. Contó que entró al Ministerio de Transportes por el ascensor del ministro sin ser retenido y que en una ocasión depositó billetes sobre una mesa junto a la maqueta de un tren que había en el despacho. Para entregas en la vivienda del ministro, dijo, introducía el efectivo en una bolsa de supermercado dentro de la mochila. Estas descripciones buscan reconstruir la logística, aunque no demuestran por sí mismas la responsabilidad penal de terceros.
Participación de terceras personas y contexto internacional
El testimonio también incluye alusiones a otras figuras del PSOE y a empleados públicos que, según Aldama, participaron en la recepción o en la mediación. Citó al exjefe de gabinete de la exministra María Jesús Montero y al dirigente Santos Cerdán como destinatarios o intermediarios en algunos pagos. Relató, además, que su hermano viajó dos veces a la República Dominicana para recoger 20.000 dólares, y justificó estos movimientos por la generación de caja en negocios de clínicas que, según dijo, manejaban efectivo en el extranjero.
Implicaciones políticas y judiciales
La acusación más resonante fue la afirmación de que el presidente Pedro Sánchez ocuparía el escalafón uno de una supuesta banda organizada, seguida por Ábalos y por Koldo García, y la colocación del propio Aldama en un escalón inferior. Es importante recordar que estas imputaciones se presentaron sin pruebas públicas que las corroboren, y que el marco competente para investigar y determinar la veracidad de tales afirmaciones es el proceso judicial en curso. La declaración del empresario tuvo lugar el 29/04/2026 y ahora corresponde a los magistrados valorar su alcance probatorio.
En definitiva, las manifestaciones de Aldama combinan relatos sobre cantidades, rutas y destinatarios con acusaciones de mayor calado político. Mientras unos elementos aportan datos concretos sobre entregas de efectivo y garantías, otras afirmaciones requieren corroboración documental o testifical. El resultado final dependerá de la instrucción judicial y del examen de pruebas que, por ahora, mantienen este asunto en el ámbito del procedimiento penal y del debate público.
