La Fiscalía ratifica sus reclamaciones de pena pese a la confesión de uno de los acusados y a las estrategias de defensa; las acusaciones populares solo reducen su postura respecto a Víctor de Aldama
En la fase final del proceso conocido como caso mascarillas, la Fiscalía Anticorrupción ha elevado a definitivas sus conclusiones y mantiene las peticiones de cárcel para los tres encausados: 24 años para José Luis Ábalos, 19,5 años para Koldo García y 7 años para Víctor de Aldama, según el escrito hecho público el 04/05/2026.
Estas cifras se acompañan de solicitudes de multas millonarias y de una enumeración de delitos que la acusación considera acreditados, con lo que el pronunciamiento del tribunal entra en su recta decisiva.
La situación procesal muestra matices: mientras la Fiscalía descarta atenuantes mayores por la autoincriminación de Aldama, las acusaciones populares —encabezadas por el Partido Popular— han anunciado una rebaja de su pretensión inicial únicamente respecto de ese empresario, al valorar su colaboración muy cualificada.
Las defensas de Ábalos y Koldo han pedido la absolución, mientras que la defensa de Aldama reclama la aplicación del atenuante mayor por su confesión en un escrito de calidades colaborativas.
Qué pide la Fiscalía y por qué
El jefe de la acusación, Alejandro Luzón, formalizó una acusación que incluye delitos como pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además de las penas de prisión, la Fiscalía solicita multas que ascienden a varios millones —en torno a 3,8 millones de euros para Ábalos y Koldo y cerca de 3,7 millones para Aldama— y atribuye a los encausados un comportamiento continuado con ánimo de enriquecimiento. En su exposición el ministerio público subraya la existencia de un plan coordinado para favorecer contrataciones públicas mediante la posición de quien entonces ocupaba la cartera ministerial.
Posturas contrapuestas: acusaciones populares y defensas
Las acusaciones populares reclamaban inicialmente penas aún más elevadas —hasta 30 años para Ábalos y su exasesor según su escrito—, aunque han matizado su petición para Aldama para que cada condena individual no supere los dos años, evitando con ello el ingreso automático en prisión. Por su parte, las defensas de Ábalos y Koldo cuestionan la interpretación probatoria y sostienen que el dinero en efectivo incautado y los contratos vinculados al Ministerio de Transportes responden a legalidades o a decisiones técnicas, no a un plan delictivo. La discrepancia entre las partes marca la última fase de argumentos ante la Sala.
Pruebas y testimonios que pesan en el proceso
La instrucción y la investigación operativa de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportaron elementos que la acusación considera determinantes: movimientos de fondos, contratos con empresas intermediarias y la existencia de prestaciones en especie que incluyen el disfrute de una vivienda en Plaza de España atribuida a la red de relaciones del empresario. Testigos policiales y mandos que declararon en el juicio relataron cómo se habrían articulado pagos y favores para consolidar la interlocución privilegiada entre el entorno empresarial y el ministerio.
Declaraciones clave y su impacto
Entre los testimonios reseñados destaca la intervención de responsables de la UCO y la declaración de la expareja de Ábalos, que describieron el uso de una vivienda y contratos profesionales que la Fiscalía interpreta como contraprestaciones. La confesión parcial de Aldama, plasmada en un escrito que admitía delitos como cohecho pasivo y la participación en la supuesta organización, ha sido utilizada por las partes en estrategias opuestas: para la acusación supone corroboración de la trama, mientras que la defensa pretende convertirla en motivo de atenuación, alegando una colaboración operativa.
Qué queda por decidir y posibles consecuencias
Una vez presentadas las conclusiones definitivas, el juicio se dirige al cierre de informes y al pronunciamiento del tribunal, que previsiblemente dejará la causa vista para sentencia tras las últimas intervenciones. El resultado marcará no solo la suerte procesal de los acusados —con la posibilidad de penas privativas de libertad y sanciones económicas— sino también un antecedente sobre cómo se juzgan relaciones entre poder público y contratistas durante situaciones excepcionales como la pandemia. La Sala deberá valorar la coherencia del conjunto probatorio y la adecuación de atenuantes o agravantes reclamados por las partes.
