La intervención judicial en la Fundació Cellex y su impacto en la investigación científica
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Intervención judicial en la Fundació Cellex
La magistrada Myriam Linage Gómez, responsable del juzgado de instrucción 12 de Barcelona, ha tomado una decisión crucial al recibir la propuesta de administrador de la Fundació Cellex. Esta fundación, que ha sido un pilar en la financiación de la investigación científica en Catalunya desde su creación en 2003, se encuentra actualmente bajo intervención judicial.
La propuesta recae en Albert Martínez Lacambra, un economista y abogado con una amplia trayectoria en la gestión pública y privada, quien asumirá la administración de la fundación en un momento crítico.
Historia y objetivos de la Fundació Cellex
La Fundació Cellex fue constituida por el empresario Pere Mir Puig, quien, en su testamento, dejó claro que su patrimonio debía destinarse a la investigación científica y a la atención de personas necesitadas. Desde su creación, Cellex ha realizado importantes aportaciones a instituciones como la facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona y el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia. Sin embargo, la intervención judicial se ha vuelto necesaria debido a la gestión de los responsables del patronato, quienes han sido imputados por delitos de apropiación indebida y administración desleal.
Implicaciones para la investigación científica
La intervención en la Fundació Cellex plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la investigación científica en Catalunya. Con la gestión ordinaria ahora en manos de un nuevo administrador designado por la magistrada, se espera que se restablezca la confianza en la fundación y se asegure la continuidad de sus aportaciones a proyectos vitales. La comunidad científica observa con atención cómo se desarrollarán los acontecimientos, ya que la financiación privada es esencial para el avance de la investigación en diversas áreas, especialmente en oncología y ciencias de la salud.
El Gran Teatre del Liceu y su estructura de propiedad
En un contexto diferente, el Gran Teatre del Liceu también enfrenta cambios significativos en su estructura de propiedad. La entidad operística, que ha sido un símbolo de la cultura barcelonesa, se encuentra en medio de un debate sobre la revisión de acuerdos que datan de la reconstrucción del teatro tras el incendio de 1994. La Sociedad del Liceu, compuesta por antiguos propietarios, ha expresado su inquietud ante la posibilidad de que se modifiquen los términos de usufructo que les fueron concedidos. Este caso resalta la importancia de la gestión adecuada de las entidades culturales y su relación con la comunidad.
