La magistrada designa un nuevo administrador tras la intervención judicial de la fundación.
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La intervención judicial de la Fundació Cellex
La Fundació Cellex, una de las entidades más relevantes en el ámbito de la investigación científica en Catalunya, se encuentra en medio de un proceso judicial por apropiación indebida y administración desleal.
Desde abril, la fundación ha estado intervenida judicialmente, lo que ha llevado a la magistrada Myriam Linage Gómez a tomar decisiones cruciales para su futuro. La designación de Albert Martínez Lacambra como nuevo administrador marca un nuevo capítulo en la gestión de esta institución, que ha sido clave en la financiación de proyectos de investigación, especialmente en la facultad de Medicina de Barcelona y el Vall d’Hebron Institut d’Oncologia.
El papel del nuevo administrador
Albert Martínez Lacambra, economista y abogado con una trayectoria destacada en el sector público y privado, asumirá la administración de la Fundació Cellex con el objetivo de restaurar la confianza y asegurar que los recursos se utilicen de manera adecuada. Su experiencia previa como director general de Agbar y consejero delegado de Aguas de Barcelona le otorgan un perfil idóneo para enfrentar los desafíos que presenta la gestión de una fundación con un legado tan significativo. La magistrada ha tomado esta decisión con la esperanza de que la nueva administración pueda llevar a cabo una gestión transparente y eficiente, alejando a los responsables anteriores que han sido imputados por delitos graves.
Implicaciones para el Gran Teatre del Liceu
El Gran Teatre del Liceu, otro de los actores clave en esta historia, también se encuentra en una encrucijada. La Sociedad de propietarios, que agrupa a antiguos propietarios del teatro, ha expresado su preocupación por los cambios en la estructura de propiedad. Tras el incendio devastador de 1994, la reconstrucción del Liceu fue posible gracias a un consorcio que incluyó a diversas administraciones públicas. Sin embargo, la revisión de los acuerdos entre el Consorcio y la Sociedad de propietarios ha generado un debate sobre los derechos de usufructo y la duración de los mismos. La propuesta de ampliar el plazo de usufructo entre 30 y 90 años es un tema candente que podría afectar a la relación entre las partes involucradas.
