La reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE cuestiona la normativa española sobre pensiones.
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La sentencia del TJUE y su impacto en la legislación española
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido una sentencia que reafirma su postura sobre la normativa española relacionada con el complemento de pensión, destacando que esta es discriminatoria.
Esta decisión se basa en la consideración de que la legislación actual no garantiza un trato equitativo entre hombres y mujeres en el acceso a este complemento, lo que perpetúa la brecha de género en las pensiones.
Contexto de la normativa española
La normativa en cuestión, que fue modificada en 2021, intentaba incluir a los padres en el acceso al complemento de pensión. Sin embargo, el TJUE ha señalado que los requisitos adicionales que deben cumplir los hombres para acceder a este beneficio son injustos. Mientras que las madres trabajadoras reciben el complemento de forma automática, los padres deben demostrar que sus carreras profesionales se vieron afectadas por el nacimiento o adopción de sus hijos, lo que crea una desigualdad de facto.
La defensa de la normativa y la respuesta del TJUE
España argumentó que el complemento tenía como objetivo reducir la brecha de género en las pensiones, pero el TJUE ha rechazado esta justificación. La corte europea sostiene que la situación de un padre y una madre en términos de cuidado de los hijos puede ser comparable, y que las diferencias en las pensiones no son suficientes para justificar un trato desigual. Esta sentencia podría llevar a una revisión de la legislación española para garantizar que ambos progenitores tengan acceso equitativo al complemento de pensión.
Implicaciones futuras y la lucha por la igualdad
La decisión del TJUE no solo cuestiona la normativa española, sino que también abre la puerta a un debate más amplio sobre la igualdad de género en el ámbito de las pensiones. La posibilidad de que ambos progenitores reciban el complemento sin que uno afecte al otro es un paso hacia la equidad. Sin embargo, queda por ver cómo se implementarán estos cambios y si la legislación española se adaptará a las exigencias del TJUE.
