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El Partido Popular se niega a establecer más acuerdos institucionales con el Gobierno debido a la imposición de Escrivá

Luego del reciente cambio en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), las conversaciones entre Moncloa y Génova han quedado atascadas, tras el anuncio de la asignación de José Luis Escrivá (actual Ministro de Transformación Digital y Función Pública) como Gobernador del Banco de España.

Los miembros del Partido Popular consideran que la elección de Escrivá por parte del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es impositiva y alejada del consenso, lo que podría afectar otras cuatro discusiones que han estado en juego desde finales de junio.

Esos temas son la selección de un nuevo Gobernador del Banco de España tras el cumplimiento del mandato de Pablo Hernández de Cos, la designación de posiciones clave dentro de la Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la renovación del consejo de la Radio Televisión Española (RTVE), y la elección de integrantes de la Comisión Nacional de Energía recién formada. Además, no está claro si la promesa de actualizar la Junta Electoral Central (JEC), un acuerdo llegado entre Gamarra y Bolaños que se vio frustrado a inicios de julio por la intervención de Miguel Tellado, portavoz del PP, también se verá afectada. La designación de Escrivá ha causado malestar en el Partido Popular, que percibe una ruptura con la costumbre no oficial de llegar a un consenso entre el partido en el poder y la principal oposición. En vista de esto, creen que Sánchez ha priorizado intereses personales por encima del concepto de «independencia» que se tuvo desde un principio en las negociaciones.

Bolaños y Pons llegaron a un acuerdo similar sobre su papel en el CGPJ. Aunque solía ser habitual que el partido opositor co-ordinara con el Gobierno el puesto de subgobernador, el PP renuncia a utilizar esta oportunidad para designar a un nuevo miembro. Las fuentes de Génova informaron a El Independiente que la razón detrás de esta acción es la negativa a «dar un barniz de respetabilidad a Escrivá». «Si no nos incluyen en el proceso de nombramiento del gobernador, tampoco lo harán para el resto», insisten, retrayéndose de la costumbre de llegar a acuerdos nacionales, a la vez que fortalecen el argumento de que es el Gobierno quien destruye cualquier intento de acercamiento con Alberto Núñez Feijóo.

Cuca Gamarra, la número dos y secretaria general del partido, venía manteniendo un diálogo con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Cuando se preguntó acerca de esto, el círculo de Gamarra se mantuvo fiel a la posición mencionada anteriormente. Siguen insistiendo que no ayudarán a «blanquear la decisión de nombrar a un ministro como gobernador» cuando la Moncloa «sabía desde el comienzo de las discusiones que no aceptamos que alguien pase del Consejo de Ministros» a tal posición o «a dirigir un organismo independiente».

Desde que Feijóo asumió el liderazgo del partido en 2022, especialmente tras su Plan de Calidad Democrática publicado en Cádiz en enero de 2023, una de las grandes prioridades del PP ha sido recobrar la independencia institucional que se perdió después de las repetidas administraciones de Sánchez. Esto incluye la anulación de nombramientos controvertidos como el de José Félix Tezanos como cabeza del CIS. Y eso es lo que se pone en duda, no la competencia técnica de Escrivá.

En Sumar, aliados del PSOE en el gobierno, ven a «Más que acreditada» aunque evitan entrar en conflicto con Sánchez, consideran sus métodos no totalmente apropiados para esta transición. Sin embargo, su nombre es el único que los socialistas han propuesto, justificando su experiencia debido a la participación de Escrivá en el Banco de España, el Banco Central Europeo (BCE) y la AIReF. Los socialistas del PSOE insisten en defender la candidatura de Escrivá sin vacilaciones si es el mejor. De hecho, desde el PSOE critican al PP porque en el pasado, cuando hizo nombramientos similares, como Luis de Guindos, ministro de Economía con Mariano Rajoy, para presidir el BCE, no consideraron las mismas directrices ni enfrentaron la misma oposición. La postura en Ferraz es clara, según fuentes socialistas: «Si creemos que él es el mejor candidato, debemos seguir adelante sin dudarlo». Desde el gobierno, la selección se considera normal con otras comparativas. Se menciona el caso del ministro portugués, Mario Centeno, quien en 2020 pasó de ser ministro de Economía a liderar el Banco de Portugal. O el caso de Martin Kocher en Austria. Aunque el nombramiento de Escrivá aún no es oficial, la semana comenzó con un PP reservado. Ayer, el vicesecretario popular de Economía, Juan Bravo, en una comparecencia dominada por el financiamiento autonómico, descartó apoyar al ministro debido al incumplimiento de la «independencia» al «cambiar de una posición a otra». Sin embargo, invitó a conocer el resultado de las conversaciones con el Ejecutivo. Después de la reunión ministerial del martes, la portavoz, Pilar Alegría, evitó confirmar la elección de Sánchez, quien es totalmente atribuido los eventos, más allá del diálogo con el PP.

La noticia será divulgada este miércoles, ya sea en el discurso de apertura del nuevo periodo político de Sánchez en el Instituto Cervantes, o durante la reunión de la comisión de Economía del Congreso de los Diputados en la tarde. Carlos Cuerpo, el Ministro que está programado para presentar el candidato sugerido, estará en la reunión. Este proceso es obligatorio según el artículo 24 de la Ley de Autonomía del Banco de España. De acuerdo con esta regulación, depende del Rey, a recomendación del presidente, presentar al candidato que está listo para tomar medidas y que tiene experiencia en el sector. Fuentes gubernamentales sugieren que Escrivá comenzará inmediatamente su trabajo, posiblemente participando en la reunión del Consejo del BCE programada para el 12 de septiembre, dentro de ocho días. Esta decisión viene en un momento especialmente tenso para el gobierno y la oposición, con la inmigración y la financiación como los temas predominantes al comienzo de este periodo legislativo. El desafío de la migración y la propuesta de financiación exclusiva para Cataluña a raíz de la investidura de Salvador Illa como presidente por parte de ERC se suma a la tensión existente. De hecho, debido a esto, las negociaciones han permanecido privadas desde finales de junio, justo antes de que el debate sobre inmigración y las llamadas de auxilio de las Islas Canarias dominaran la agenda política. Encontramos a Borja Sémper, portavoz nacional del PP, quien declaró que es «materialmente imposible» llegar a un acuerdo con el PSOE de Sánchez mientras él esté al mando. Pero las pláticas entre partidos continúan, según fuentes nacionales del PP, antes de saberse casi con seguridad que Escrivá será elegido.

Las mismas admiten que las vías de comunicación entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y Tellado, el encargado del PP para esta materia, se mantienen en pie. «Se envían mensajes, pero no se reciben especificaciones por parte del Gobierno». A pesar del cese de diálogo en torno a la renovación institucional, no debería influir en la liberación de acuerdos migratorios, especialmente cuando las regiones como Canarias y Ceuta lo sufren, siendo estas co-gobernadas y manejadas por el PP respectivamente. El cambio notorio es que Moncloa recibe propuestas frescas las que deben ser evaluadas según lo que Tellado comunicó este martes en la sala de prensa del Congreso. Esta sugiere que las comunidades gestionarán la carga migratoria en albergues para menores extranjeros no acompañados, asumiendo hasta el 100%, y en caso de sobrepasarse, hasta el 150% con un esfuerzo adicional. Superado ese punto, correspondería al Estado asumir dicha responsabilidad y proveer infraestructuras para albergar en las regiones. El PP apoya la sugerencia del presidente canario, Fernando Clavijo, y aumenta la presión sobre el gobierno para su aceptación después de la receptividad demostrada por Torres, según indica el PP. Adicionalmente, el PP solicita que el estado de emergencia migratoria sea declarado y que la financiación esté garantizada. Sin embargo, no hay diálogo en cuanto a lo financiero, aunque se mantienen abiertas las posibilidades a discusiones y proposiciones bilaterales como las condonaciones de deuda, con el objetivo de generar división en Génova. Debido a las incertidumbres surgidas por el acuerdo con ERC, el PP ha obligado a Montero a comparecer este miércoles a partir de las 11 horas en el Senado para aclarar los aspectos del llamado concierto o cupo catalán. No se esperan muchos detalles sobre el asunto, sino la reafirmación de Montero de que el acuerdo no va en perjuicio del resto del territorio.

Barones populares, que buscan una propuesta y un discurso unificado para tratar con Montero el tema, junto con algunas federaciones socialistas, han mostrado su desacuerdo. Algunos ejemplos de estas federaciones son la manchega, la leonesa, la asturiana, y la aragonesa.

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